El Tribunal Supremo avanza la instrucción de la causa de Tsunami Democràtic, aunque la ley de amnistía está a la vuelta. La magistrada instructora, Susana Polo, ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre todas las peticiones hechas, la semana pasada, por el diputado de ERC Rubén Wagensberg, investigado por terrorismo en el alto tribunal español, junto con el president en el exilio Carles Puigdemont, por su aforo. En concreto, el abogado del republicano, el penalista Andreu Van den Eynde asegura que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) habría espiado a los encausados de Tsunami en la Audiencia Nacional con el software Pegasus, a la vez que la Guàrdia Civil.
La prueba clave es que los documentos parcialmente desclasificados por el Consejo de Ministros sobre el espionaje del CNI con PEgasus al presidente Pere Aragonès, que consta en un juzgado de Barcelona, se afirma que se lo investigaba por sus posibles vínculos con los CDR y Tsunami Democràtic, plataforma anónima que arrancó para protestar contra la sentencia del procés, en octubre del 2019. Por eso, el abogado pide que se requiera al Consejo de Ministros que apruebe una nueva desclasificación: toda la investigación del CNI que haga referencia a Tsunami con el fin de garantizar su derecho de defensa.
Juez de control del CNI
El abogado del republicano pide a la magistrada del Supremo que solicite al juez de control del CNI todas las resoluciones con las cuales autorizó el espionaje y seguimiento a personas investigadas por su vinculación a Tsunami Democrátic. Añade que como esta petición está protegida por la ley de los secretos oficiales, que pida primero al Consejo de Ministros la desclasificación de esta información. El titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona lo solicitó por el caso de Aragonés, el cual sostiene que se le espió sin amparo el 2018, a pesar de que el CNI solo admite en 2019. De estas resoluciones, Van den Eynde también propone a la magistrada del Supremo que las pida a su colega del juzgado de Barcelona.
Además, pide que todos los agentes que han intervenido en el volcado de los móviles de los encausados, que declaren como testigos, además de obtener una copia para analizar su veracidad. Y es que las acusaciones contra los 12 acusados de Tsunami a la Audiencia Nacional y el Supremo se fundamentan en las conversaciones que mantuvieron los investigados en las redes sociales sobre como hacer movilizaciones, y nunca impulsaron ninguna acción violenta. El inicio de la investigación fue por el juzgado de instrucción 1 de Barcelona, con detenciones el 2020, en el marco del caso Volhov, que luego se derivó a la Audiencia Nacional.
Primera declaración
Precisamente, este miércoles, después de casi cinco años de una investigación secreta, ha declarado una de las 10 investigadas de Tsunami en la Audiencia Nacional. Marta Molina, dirigente de ERC, ha declarado por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona a los de Madrid, y ha negado que impulsara ninguna acción violenta, ni que lo hiciera Tsunami Democrátic en sus llamamientos. Y, el independentismo catalán, de forma excepcional, se ha vuelto a unir para reivindicar que es un movimiento pacífico.