La magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo ha preguntado a las defensas del president en el exilio, Carles Puigdemont, y del diputado de ERC, Ruben Wagensberg, además de la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, si tiene que consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si se puede amnistiar el delito de terrorismo que se atribuye en Tsunami Democràtic, según un auto comunicado, este viernes. En concreto, la instructora indica que la consulta la han pedido las acusaciones populares, que son entidades unionistas, y que afirman que no se puede amnistiar este delito, según el derecho de la Unión. Las defensas de Puigdemont y Wagensberg han asegurado, en sus escritos, que los hechos que se les imputa no son delictivos, ya que las movilizaciones ciudadanas que impulsó esta plataforma anónima el 2019, contra la sentencia del procés a los líderes independentistas, se ejerció el derecho de manifestación, y han pedido que se les aplique la amnistía.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado también han pedido que se aplique la amnistía tanto a los encausados del Supremo, como a los 10 investigados de la Audiencia Nacional. Sostienen que la  ley de amnistía excluye del olvido penal los casos de vulneración  graves de los derechos humanos,  como se define en la directiva europea, però que no se cumple en el caso de Tsunami, donde -aseguran- que, como mucho se produjo el delito de desórdenes públicos y atentando contra la autoridad, y no atribuido a los investigados, ya que no se les sitúa en las protestas.

La Audiencia Nacional también pregunta si hay que consultar al TJUE

En el caso de la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García-Castellón también ha preguntado a las partes si hay que aplicar la amnistía a los diez investigados por terrorismo de Tsunami Democràtic, entre ellos, la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Y, nuevamente, Vox y las acusaciones de los dos policías heridos y la de las entidades españolistas ya le han dicho que no lo haga. 

Además,  en una providencia, dictada este viernes, la magistrada María Tardon, en nombre del juzgado central  de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, ha preguntado a las defensas de los 10 encausados y al resto de partes, si también tiene que hacer una consulta prejudicial al TJUE, tal como han solicitado algunas acusaciones particulares y populares, que son las mismas que están personadas en la causa del Supremo por Tsunami y que han solicitado lo mismo. Les da 3 días para contestar.

 

Derecho de manifestación

Precisamente, en las alegaciones de la defensa de Puigdemont, que encabeza Gonzalo Boye, se subraya que los hechos que se investigan en el caso de Tsunami no pasan “del ejercicio legítimo del derecho de manifestación” y que cualquier otra interpretación no hace más que retorcer la norma. Así mismo, subraya que las acciones de Tsunami en ningún caso no pueden ser encuadradas en las excepciones que contempla la amnistía y donde se habla de actos que por su finalidad puedan ser calificados de terrorismo, según establece la Directiva Europea 2017/541, y que “hayan causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos”.

 Esquerra pide que se aplique la ley

Ante la consulta de la instructora del Supremo, Esquerra Republicana ha expresado su "prudencia", en cuanto que la magistrada Polo no ha anticipado si piensa o no presentar esta cuestión prejudicial. El partido, pero se muestra "convencido que la ley de amnistía no vulnera el derecho de la Unión Europea" y, que, por lo tanto, no es pertinente elevar ninguna cuestión prejudicial a los tribunales europeos. “Todo lo que no sea aplicar la ley de amnistía de forma inmediata supondría un mecanismo dilatorio para retrasar la aplicación de la ley”, ha denunciado la vicesecretaria general de Derechos, Libertades y Lucha antirrepresiva, Marta Vilaret.