El Tribunal Supremo rechazaría la extradición del president en el exilio, Carles Puigdemont, sólo por el delito de malversación, según ha adelantado El Mundo.

El diario cita fuentes próximas al tribunal y pone sobre la mesa dos opciones: retirar la euroorden y renunciar, por lo tanto, a la extradición, o llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A todo eso, Pablo Llarena no ha recibido todavía la resolución del tribunal alemán, pero fuentes judiciales apuntan a que el juez instructor ya preveía esta respuesta por parte del tribunal alemán, ya que en ocasiones anteriores ya había descartado la extradición por rebelión.

Sin embargo, el magistrado del alto tribunal quiere estudiar esta cuestión detenidamente para ver qué encaje y qué respuesta se puede dar al asunto desde el ordenamiento jurídico español y si es procedente aceptar la entrega de Puigdemont sólo por el delito de malversación o realizar otro tipo de actuación.

Otra de las opciones es acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que estudie esta decisión del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein y analizar si el procedimiento de extradición se está desarrollando correctamente, posibilidad que ya planteó Llarena el pasado mes de abril después conocer una de las negativas de los jueces alemanes. Fuentes jurídicas apuntan a que también existe la posibilidad de recurrir a Eurojust, organismo creado para la coordinación y la cooperación judicial entre los miembros de la Unión Europea.

Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado del Supremo todavía no tiene notificada la resolución del tribunal alemán y hasta que no la reciba, se traduzca al castellano y estudie los argumentos jurídicos que exponen los jueces para rechazar entregar al president catalán por rebelión, Llarena no tomará una decisión.

Acusaciones diferentes para un mismo juicio

La entrega de Puigdemont por el delito de malversación supondría que no podría ser juzgado por el delito de rebelión, por el cual también fue procesado, mientras que el vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; sus consellers Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa; los Jordis y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell ―todos ellos en la prisión provisional― sí estarían sentados en el banquillo de los acusados por esta grave conducta penal en un futuro juicio, la fecha todavía está pendiente de señalar.

Si finalmente, Puigdemont es juzgado en España sólo por el delito de malversación, se enfrentaría a una condena de un máximo de 12 años, como prevé la legislación española con respecto a una pena agravada al exceder el perjuicio en más de 250.000 euros. Los últimos informes de la Guardia Civil entregados al juez instructor de la causa elevan el dinero público desviado por la organización del proceso soberanista a más de cuatro millones de euros.

No obstante, otras fuentes consultadas precisan que la posibilidad de acusar al president Puigdemont de rebelión todavía estaría abierta aunque habría que esperar que cumpla la posible condena que se le imponga por la malversación ya que permanezca en España 45 días después de quedar en libertad, o bien a su vuelta si decidiera marcharse a otro país, según prevé la Ley de reconocimiento mutuo de 2014.