Portazo del Tribunal Supremo a investigar penalmente el regreso de Carles Puigdemont a Barcelona el pasado 8 de agosto. El president en el exilio apareció en la ciudad condal el día de la investidura de Salvador Illa, hizo un discurso enfrente del Arc de Triomf y, a pesar de la presencia policial, desapareció. Horas después se supo que volvía a Bélgica. Delante de esto, se apresuraron los movimientos en los tribunales contra los responsables de la Moncloa y del Govern de la Generalitat, pero están quedando en papel mojado. En septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya rechazó las querellas contra Josep Rull y Joan Ignasi Elena y ahora el Supremo inadmite la denuncia de Hazte Oír contra Fernando Grande-Marlaska (ministro del Interior) y la de un particular por omisión del deber de perseguir delitos también contra Marlaska y contra Pedro Sánchez (presidente del Gobierno), Salvador Illa (president de la Generalitat y en aquel momento candidato a la investidura), Francisco Pardo (director la Policía Nacional), Leonardo Marcos (en aquel momento, director de la Guardia Civil) y los principales responsables de los Mossos d’Esquadra, según ha avanzado elDiario.es y ha confirmado ElNacional.cat.
🔎 Batalla judicial de Vox y de Hazte Oír contra Aragonès, Elena, Marlaska y Boye por el regreso de Puigdemont
📝 El TSJC rechaza las querellas contra Rull y Elena por la no detención de Puigdemont
La Sala Penal del Alto Tribunal reprueba a la asociación ultra que ha presentado la denuncia sin especificar “cómo ordenaron o de qué modo se valieron” los responsables políticos para que los distintos cuerpos policiales “fracasaran” al intentar detener a Puigdemont, sobre quién pesaba una orden de detención del juez Pablo Llarena, que se ha negado a aplicar la ley de amnistía. En concreto, el Supremo inadmite todas las acciones penales alegando que denunciar a alguien solo por su cargo sin “referir alguna vinculación con los hechos” lleva al archivo. “Únicamente se describen las responsabilidades inherentes a los diversos cargos enumerados, pero no se concreta conducta alguna por parte de los mismos”, señala el auto al que ha tenido acceso elDiario.es. En paralelo, juzgados de Barcelona sí que investigan a varios agentes del cuerpo de Mossos por, supuestamente, ayudar a Puigdemont a irse. De hecho, a mediados de septiembre, Llarena argumentó que veía delito en la no detención de Puigdemont y pidió a los juzgados de Barcelona que lo investigaran.
Hazte Oír considera que Marlaska no usar “todos los mecanismos necesarios” para detener a Puigdemont
En su denuncia, Hazte Oír apuntaba contra Fernando Grande-Marlaska por los delitos de prevaricación, encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos por una autoridad o funcionario, denegación del cumplimiento de resoluciones judiciales, denegación de auxilio a la Administración de Justicia y usurpación de atribuciones judiciales. Para la asociación ultracatólica, el regreso y posterior desaparición de Puigdemont “sugiere una omisión deliberada” por parte del ministro del Interior, a quien acusaba de no usar “todos los mecanismos necesarios” para detener a Puigdemont. “La falta de intervención de Marlaska no solo incumple sus responsabilidades, sino que también refuerza la percepción de impunidad alrededor de Puigdemont, debilitando la autoridad del sistema judicial, afectando la confianza en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y poniendo en duda la imparcialidad y la eficacia del propio Ministerio”, esgrimía el escrito.
Además, argüía que Puigdemont debería haber sido “detenido de manera inmediata al pisar territorio español”, algo que es una “obligación clara de las autoridades dependientes directamente de Marlaska”. Asimismo, Hazte Oír responsabilizaba a Marlaska de la autorización del acto que el independentismo organizó para recibir a Puigdemont: “En última instancia, la decisión recae sobre el titular del Ministerio del Interior, que debe responder por las implicaciones políticas y legales de dicha autorización”.