El Tribunal Supremo ha rechazado la adopción de medidas cautelares solicitadas por Òmnium Cultural contra el rey emérito, Juan Carlos I. La Sala recuerda que el sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado.
La entidad había puesto en marcha este lunes sus servicios jurídicos para exigir medidas cautelares contra el rey emérito, Juan Carlos I, ante la "voluntad de fuga" que él mismo había expresado al exiliarse.
Òmnium había denunciado que el rey emérito "se fuga del Estado español con la connivencia del resto de poderes del Estado" y con una querella criminal en su contra presentada por la entidad ante el Tribunal Supremo por corrupción y blanqueo.
Un jefe de Estado aplaudiendo la huida de uno corrupto; de la impunidad han hecho carta de presentación al mundo. Por|Para justicia, memoria y dignidad, ganamos un futuro sin súbditos ni borbons#CoronaCiao#RepublicaCatalana pic.twitter.com/2NrYfCkXeD
— Jordi Cuixart (@jcuixart) Augusto 3, 2020
La querella de Òmnium
Por otra parte, Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, ha preguntado al ministerio fiscal si tiene que investigar o no la querella que interpuso Òmnium Cultural contra Juan Carlos I por esconder dinero en Suiza, según ha podido saber ElNacional.cat.
Así, será el ministerio fiscal quien tendrá que informar si considera que se aportan bastantes indicios para iniciar un procedimiento penal contra el monarca. Sin embargo, algunas fuentes jurídicas explicaban al mismo digital que la calidad de la querella que habría puesto Òmnium permitiría al ministerio público negarse a investigarla porque basa el texto en recortes de prensa.
De esta forma, Òmnium empezaba así una primera acción que se enmarca en una campaña de denuncia contra los poderes del Estado que la entidad ha organizado para denunciar la quiebra democrática.
Mauri exponía que esta campaña es la respuesta a la represión por el 1-O y las "condenas vergonzosas del Supremo" contra los líderes del procés, pero también por los déficits democráticos evidenciados durante la pandemia, con la recentralización de las competencias y el "desacomplejado ahogo de las libertades".