El Tribunal Supremo marca distancias entre Miguel Ángel Rodríguez (MAR) y Álvaro García Ortiz. El primero, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, reconoció que filtró un correo que el fiscal Julián Salto envió al abogado de Alberto González Amador. El segundo, fiscal general del Estado, está investigado por la presunta filtración de un correo del abogado de la pareja de la presidenta madrileña en el que reconocía que había cometido dos delitos fiscales. Como estrategia de defensa, y ante las “múltiples evidencias testificales que contradicen sus constantes afirmaciones”, Álvaro García Ortiz solicitó el volcado del móvil de MAR para acreditar que él fue el primero en difundir los correos sobre el caso. Sin embargo, el juez Ángel Hurtado cierra la puerta a ello: “No se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo de 12 de marzo, que se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto [Alberto González Amador], si es para minimizar la trascendencia del de 2 de febrero, cuando este circula a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia, quien, más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto”. “La relevancia delictiva se encuentra en la quiebra de esa confidencialidad de su contenido, por parte del filtrador”, remacha el magistrado, que también alega que MAR “manifestó que no conocía el correo litigioso”. En el mismo auto, rechaza la petición de García Ortiz de posponer su declaración como investigado, que se mantiene el próximo miércoles 29 de enero. El fiscal del Estado había pedido posponer la fecha pidiendo una batería de diligencias que el magistrado ha descartado casi en su totalidad.

 

¿Cuál es cada correo? El del 12 de marzo lo envió Julián Salto al abogado de González Amador verbalizando que el hecho de que se hubieran denunciado a otras personas no sería “obstáculo para poder llegar a un acuerdo”. Fue el primero que trascendió en los medios de comunicación y puso en marcha la maquinaria de la Fiscalía para desmentir que fuera la Fiscalía la que había ofrecido inicialmente un pacto. El correo del 2 de febrero lo envió el abogado de la pareja de Ayuso a la Fiscalía de Delitos Económicos comunicando la “voluntad firme de alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos”. A parecer del juez Ángel Hurtado, el hecho de que MAR difundiera el correo del 12 de marzo no se puede usar para “minimizar la trascendencia” de la filtración del correo inicial. Y el magistrado va un paso más allá: “Parece razonable deducir que ha sido tras la filtración de ese correo de 2 de febrero, cuando aparece en determinados medios y ámbitos que a Alberto González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva”, esgrime. De hecho, la pareja de Ayuso ha abierto una batalla legal contra Pedro Sánchez y diferentes ministros del gobierno español por haberle tachado de “delincuente confeso”.

“Es cierto que sobre esa hora de difusión ha habido controversia”

En la misma providencia, el magistrado reconoce que “ha habido controversia” sobre la hora en la que Miguel Ángel Rodríguez difundió el correo del 12 de marzo. Él mismo aseguró en sede judicial que lo recibió a las nueve de la mañana del 12 de marzo y lo facilitó a los periodistas a las 22.21 horas del 13 de marzo, una vez ya estaba publicada la noticia de El Mundo. Sin embargo, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que declaró como testigo hace diez días, aseguró que a las 20.26 h del 13 de marzo el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral, le llamó para avisarle que un “periodista concreto de un medio muy importante” le había dicho que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba “trasladando a los medios que la Fiscalía ha ofrecido un pacto a González Amador y que ha recibido órdenes de no llegar a ese pacto”. “Primero fue un periodista y luego fueron muchísimos”, añadió.

El juez rechaza citar a Alberto González Amador como testigo

Por otro lado, Ángel Hurtado también descarta citar a Alberto González Amador como testigo. La pareja de Ayuso está en el inicio de la causa, dado que fue él quien puso la querella original, que iba contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal Julián Salto. Posteriormente, la investigación se amplió al fiscal general del Estado y se elevó al Supremo. “No deja de sorprender que sea interesada por la defensa, cuando la práctica de todos los días nos viene enseñando que lo habitual es que el testimonio de quien comparece en el proceso como acusación más que favorecer venga a ser resultar perjudicial para el acusado”, lanza el juez a la defensa de Álvaro García Ortiz, ejercida por la Abogacía del Estado. “Para formar una idea de la posición del querellante, nos la ofrece su propia querella y la actividad de su representación a lo largo de lo actuado, ante lo cual, una diligencia como su toma de declaración previa, que suponga una dilación para la declaración de los investigados, la considero innecesaria”, concluye.