Los pocos espacios de libertad que tienen los presos políticos están en manos del Tribunal Supremo. Y la sala de lo penal lo acabará de resolver este jueves, 26 de noviembre, a las diez de la mañana. Es la cita que ha fijado en el calendario para la deliberación y resolución, sin vista, de los recursos de apelación de la Fiscalía y de los nueve condenados contra los autos de concesión del tercer grado y de aplicación del artículo 100.2, que permite salir de la prisión para ir a trabajar.

En estos momentos, sólo la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y la exconsellera Dolors Bassa disfrutan del tercer grado penitenciario. El juez de vigilancia penitenciaria decidió mantenerlo a la espera de la decisión del Tribunal Supremo. En cambio, la jueza de la prisión de Lledoners suspendió el 28 de julio el tercer grado y la aplicación del artículo 100.2 a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Raül Romeva. Al retirarles el 100.2, los presos dejaron de salir del centro penitenciario para ir a trabajar o hacer tareas de voluntariado.

Un tercer grado en conflicto

La Fiscalía del Tribunal Supremo recurrió el pasado mes de agosto ante el alto tribunal el tercer grado que la jueza de vigilancia penitenciaria número 5 de Catalunya avaló al exvicepresidente, Oriol Junqueras; los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn; el expresidente de la ANC y dirigente de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Después de eso, la jueza dejó el tercer grado en suspenso hasta que el Supremo resolviera de manera definitiva la concesión de esta clasificación, de manera que estos siete condenados no han podido salir de prisión.

Todos ellos volvieron a la prisión de Lledoners el pasado 28 de julio, después de que la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria acordara suspender el tercer grado, que más tarde ratificó, mientras resolvía los recursos presentados por la Fiscalía ante su juzgado. Una decisión que ha sido impugnada por los propios líderes independentistas, de manera que tendrá que ser valorado por el Supremo.

Forcadell i Bassa en semi libertad

El Ministerio Público hizo la misma petición el pasado 2 de noviembre con respecto a la expresidenta de Parlamento Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, aunque estas no han tenido que volver a sus respectivos centros penitenciarios, ya que el juez de vigilancia penitenciaria número 1 de Catalunya no aceptó la solicitud de la Fiscalía de suspender cautelarmente el tercer grado.

En todos los recursos, los fiscales argumentan que la progresión en tercer grado de los condenados pel 'Procés' es prematura porque producen el "detrimento de los fines esenciales de la pena" y transmite a la sociedad la sensación de "impunidad". Con respecto al 100.2, la Fiscalía argumenta que se parecería a un "tercer grado encubierto".

Los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno presentaron un escrito a finales de julio solicitando a los magistrados del Supremo que suspendieran de manera inmediata el régimen de semilibertad aplicado o a todos los condenados por sedición.

En su respuesta, la Sala el Supremo advirtió que no tomaría ninguna decisión definitiva al respecto de hasta que las audiencias provinciales de Girona y Barcelona no los remitiera los recursos registrados contra las decisiones de los juzgados de vigilancia penitenciaria con competencia a Catalunya contra la flexibilización de las condenas.

Por otra parte, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya tiene sobre la mesa las peticiones de indulto a favor de los doce condenados en el juicio del 'Procés', y actualmente está esperando a recibir determinada documentación penitenciaria antes de requerir informe en la fiscalía sobre este asunto, después del cual tiene que elaborar su propio dictamen.

Sànchez, Turull y Rull estudian querellarse

En el caso de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull están estudiando incluso querellarse contra el presidente de la sala de lo penal, Manuel Marchena, por prevaricación por el retraso a la hora de resolver estos recursos. Un retraso de cuatro meses, después de que los permisos penitenciarios les fueran suspendidos el pasado mes de julio. Su abogado, Jordi Pina, denunció la semana pasada que no había motivos que justificaran este retraso. "Es intolerable", criticó al letrado de la defensa.