Susanna Segovia (Badalona, 1973) es un nombre poco conocido entre la ciudadanía catalana, pero su papel dentro de los comuns es clave. Miembro de la dirección ejecutiva de Catalunya en Comú desde su fundación en 2014, es persona de confianza del alcaldesa Ada Colau, y ha sido diputada en el Parlament desde las elecciones de 2015. Ahora portavoz adjunta de su grupo parlamentario, la activista se encarga de las cuestiones de vivienda, feminismos y acción exterior (ha trabajado doce años en el Ecuador como representante de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo). Un equipo de ElNacional.cat habla con ella de estos tres ámbitos, pero también de la actualidad política en medio de la validación del acuerdo de presupuestos del Govern con el PSC y los comuns.
Esta semana, el Parlament ha validado los presupuestos con el apoyo de ERC, el PSC y los comuns. ¿Es una alianza que veremos repetida en los próximos meses?
Nosotros hemos dejado muy claro que nuestro voto a favor irá iniciativa a iniciativa, proyecto a proyecto y ley por ley. En el caso de los presupuestos, desde el inicio también hemos dejado muy claro que en un momento de crisis social y económica, con la inflación disparada y las familias sufriendo para llegar a final de mes, era más necesario que nunca tener estos presupuestos. Nos hemos sentado con responsabilidad. Hay cosas que no habríamos hecho, pero en conjunto son positivos para la ciudadanía, y por eso estamos. ¿Eso quiere decir que de ahora en adelante todo será un voto a favor? No.
¿Cuáles son los puntos más positivos de estos presupuestos para los comuns?
Hay una apuesta muy importante por el gasto social, con la actualización del índice de renta de suficiencia de Catalunya y que es lo que condiciona a que mucha gente pueda acceder a determinadas ayudas. Hacía diez años que estaba congelado. También hay una apuesta clara para mejorar la inversión en salud y atención primaria, tenemos que revertir unos recortes que afectan mucho a la atención que damos a Catalunya. Y hay una apuesta muy clara por la transformación verde de Catalunya, ya que las renovables es uno de nuestros ejes prioritarios. Apostamos también por las políticas de vivienda, con unos recursos que siguen siendo insuficientes porque venimos de diez años de no hacer prácticamente nada. Pero son unos recursos importantes para empezar a aumentar el parque público de vivienda y reducir las listas de espera de las mesas de emergencia.
Quien no tiene claro su modelo de país es ERC, que no sabe qué Catalunya quiere. Nosotros lo tenemos claro, ninguno de los macroproyectos es nuestro modelo.
Decías que los comuns daréis apoyo al Govern iniciativa a iniciativa. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse esta estrategia antes de que empecéis a pedir elecciones?
El Govern tiene ahora la responsabilidad de garantizar que sus políticas salen adelante, y eso lo tienen que hacer con diálogo, compartiendo las propuestas y trabajando con los diferentes grupos del Parlament para conseguir que se aprueben. En el momento de incertidumbre en que nos encontramos, y que ya es año electoral, hay la necesidad de que la ciudadanía compruebe que a los políticos a los cuales votó hace dos años los dé una respuesta a sus problemas. Apelar a la convocatoria de elecciones una vez y otra también puede hacer que mucha gente acabe desconfiando de qué capacidad tenemos los 135 diputados. Tenemos la responsabilidad prácticamente todos los grupos del Parlament para garantizar que somos capaces de dar estas respuestas. Eso pasa por diálogo y negociación, cosa que el Govern en minoría de ERC tiene que tener muy claro. Solos no lo podrán hacer.
En la negociación de los presupuestos, el PSC priorizó el Hard Rock, la ampliación del aeropuerto y la B-40. ¿Era acertado?
El PSC ha tenido un problema de enfoque grave en su negociación de los presupuestos, donde ha puesto por delante proyectos claramente controvertidos para la sociedad catalana y se ha centrado más en hablar de grandes infraestructuras que en progresos en derechos sociales, vivienda o industria. Han puesto líneas rojas que nosotros no compartimos, pero al final hay un papel firmado que no incluye nada a los presupuestos. Si el PSC considera que con esta declaración intenciones políticas tiene lo suficiente, nosotros hemos preferido centrarnos en demandas concretas.
De todos modos, si las políticas del PSC se desplazan cada vez más hacia la derecha, ¿será más complicado para los comuns tejer alianzas como pasa en Madrid?
Con el PSC haremos lo mismo que haremos con el Govern. Si presentan iniciativas con las cuales podemos trabajar, presentar enmiendas y llegar a acuerdos en los cuales nos sentimos cómodas, se nos encontrarán. Si no, no. No tenemos ningún tipo de pacto de estabilidad, y hay temas en los cuales estamos claramente distanciados y nos cuesta ponernos de acuerdo. En otros, quizás sí.
¿Precisamente por estas diferencias, los comuns se sienten más cómodos con ERC que con el PSC ahora mismo?
Es importante aterrizar qué posicionamientos y qué medidas. Hay iniciativas de ERC con las cuales nos podemos sentir cómodos e iniciativas del PSC que también; hay iniciativas de los dos con las cuales quizás no nos sentimos cómodos; y hay iniciativas nuestras con las cuales ellos se sienten cómodos. El juego que da estas mayorías, que pueden apostar claramente por temas sociales, se verá reflejado. Y habrá otras mayorías que echan más hacia la derecha donde nosotros no estamos.
A la CUP todavía los cuesta ver que han dado apoyo a un Govern de Jordi Puigneró, que es el principal avalador de proyectos que ahora el PSC pone sobre la mesa.
Aunque no haya partidas presupuestarias para el Hard Rock, la ampliación del aeropuerto y la B-40, ¿no os incomoda aprobar los presupuestos?
A quien le tiene que incomodar es a ERC, que es a quien ha firmado un documento con referencias a tres macroproyectos con los cuales mucha de su gente no está de acuerdo. Quien no tiene claro su modelo de país es ERC, que no sabe qué Catalunya quiere. Nosotros lo tenemos claro, ninguno de estos proyectos son nuestro modelo. Estamos muy cómodos con nuestra posición.
Pero si no viene de la Generalitat, la financiación vendrá del Estado. Los comuns tienen presencia en el Gobierno.
Son unas partidas que hace tiempo que han estado en el presupuesto del Estado, y nosotros hemos trabajado para que no se ejecute. Hace muchos años que se habla y continuaremos en la misma línea, haciendo todo lo posible para que no se priorice la construcción de la B-40. Apostamos por alternativas de ferrocarriles y mejorar algunas carreteras secundarias.
El 4 de marzo habrá una manifestación unitaria contra los tres macroproyectos. ¿Los comuns estarán ahí?
Lo estamos hablando con nuestra gente del territorio, pero siempre que ha habido manifestaciones en este sentido hemos estado. No creo que haya ninguna sorpresa ahora, porque lo estamos diciendo: no estamos de acuerdo con ninguno de estos tres macroproyectos. Más claros no podemos ser.
La CUP ha pedido en las últimas semanas que los comuns se descolgaran del acuerdo de presupuestos. ¿Entienden su posicionamiento, o habrían agradecido que hubiera participado en las negociaciones para decantar la balanza hacia la izquierda?
Tuvimos un debate parecido con la investidura del presidente Pere Aragonès. Cuando nosotros quisimos entrar en el acuerdo que clarísimamente tendía hacia las políticas de la CUP, la CUP prefirió hacer sentar a ERC y Junts para que se pusieran de acuerdo. Y ya vimos cuál fue el acuerdo de investidura, donde muchas de las cosas no iban en la línea del acuerdo de la CUP. Todavía les cuesta ver que han dado apoyo a un Govern que después ha ido hacia otro lugar, un Govern del señor Jordi Puigneró, que es el principal avalador de proyectos que ahora el PSC pone sobre la mesa. Nosotros, con las negociaciones de los presupuestos, hemos ido a conseguir el máximo posible que mejore las condiciones de vida de la ciudadanía y avanzar hacia la transformación de Catalunya. Y eso no es incompatible con oponerte al modelo de país del PSC, de Junts y de ERC. La CUP sabe perfectamente dónde estamos nosotros, pero en política no eres lo que dices, sino lo que haces posible.
Hablemos ahora de vivienda, una de las prioridades de los comuns en los presupuestos. ¿El Govern ha hecho lo suficiente para solucionar esta problemática?
No. De hecho, las políticas de vivienda del Govern en los últimos diez años han sido prácticamente inexistentes e ineficientes, sin ninguna mejora en las condiciones de acceso a la vivienda de la mayoría de gente de Catalunya. La vivienda no ha sido una prioridad para este Govern. En el Parlament han adelantado leyes como la de medidas urgentes de 2015, o la de contención de rentas de 2020, o la de emergencia habitacional de hace un año, que le dan al Govern las herramientas para desarrollar políticas valientes que hagan frente a la situación de emergencia de la vivienda. Ahora hemos sabido que la alcaldesa Ada Colau tendrá que declarar por una demanda de un fondo buitre porque el Ayuntamiento de Barcelona hizo cumplir la ley: cuando Vauras Investments quería desahuciar a las familias del bloque del Poble Sec, había una ley que obligaba a ofrecer alquiler social a las familias vulnerables, y no lo hicieron. No hemos visto que la Generalitat haya tenido una actitud valiente como esta, ni ha hecho frente a estos fondos buitres, ni ha aplicado las leyes que permiten inspeccionar, sancionar y expropiar las viviendas vacías. Porque no es solo recursos, es también voluntad política. Esperamos que a partir de ahora, y al acuerdo de presupuestos lo recogemos, esta voluntad política cambie.
La Generalitat no ha tenido una actitud valiente como la de Ada Colau en materia de vivienda, le falta voluntad política
En esta línea, ¿confían que las medidas que han conseguido incluir en el acuerdo de presupuestos sirva para que el Govern avance en la defensa del derecho en la vivienda?
Hemos querido apostar para que cambie el modelo de políticas de vivienda de la Generalitat. Por eso el acuerdo recoge tanto medidas presupuestarias y de ampliación del parque público como también medidas de cambio de modelo. Un ejemplo es la reforma del impuesto de pisos vacíos, que permitirá recaudar un 70% más de lo que se recaudaba hasta ahora. Y el dinero es importante para hacer vivienda y comprar vivienda, pero también tiene que ser un elemento disuasivo. A los grandes tenedores les tiene que salir caro tener una vivienda vacía, le tiene que salir más a cuenta ponerlo en alquiler social o al mercado. Tiene que haber una corresponsabilidad de los grandes tenedores en la respuesta a la crisis que han provocado, porque son ellos quien se han enriquecido con la especulación de la vivienda, son ellos quien han subido el alquiler un 50%.
Una de las vías para resolver la situación de la vivienda es limitar los alquileres. Esta medida forma parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, pero el PSOE no parece dispuesto a sacarlo adelante.
Es uno de los ejemplos de cómo a veces cuesta entender cuál es la apuesta del PSC. Es evidente que tenemos un problema de aumento especulativo de los alquileres, con familias que destinan el 50% o el 60% de sus ingresos a pagar el alquiler, donde se producen los desahucios silenciosos con gente que se tiene que marchar de su casa o su barrio porque no pueden pagar el alquiler. Hemos intervenido en el mercado de la energía y en los precios de las mascarillas, tenemos que poder intervenir en los precios de los alquileres, que es un derecho básico. Pero el PSC también es el partido de Joan Clos, uno de los representantes del lobby de las inmobiliarias, y aquí el PSC recibe otras presiones. Nosotros lo hemos dicho muy claro: la ley estatal de vivienda tiene que incluir una regulación efectiva como la que se aprobó en Catalunya, y tiene que tener una garantía de alternativa habitacional para familias vulnerables que son desahuciadas.
Hablando del PSC, precisamente la semana pasada el Parlament aprobó con su voto y el de Junts una ley contra las ocupaciones. ¿Cómo se entiende esta alianza?
El PSC es quien tiene la responsabilidad en el gobierno central y en muchos ayuntamientos de Catalunya de hacer cumplir las leyes que garantizan el derecho a la vivienda. Junts es quien ha tenido la política de vivienda de la Generalitat en los últimos diez años, y no ha hecho nada para garantizar este derecho. Y ahora se ponen de acuerdo para poner el foco sobre las familias que están ocupando. Ninguna familia ocupa una vivienda porque quiere, se hace por necesidad. Pretender echar a las familias sin dar una alternativa es tenerlas al día siguiente buscando otro lugar donde vivir. Además, es una ley que pretende dar respuesta a unos problemas de conflictividad vecinal de lo que solo provocan los pisos ocupados, sino que los pisos turísticos también pueden ser muy problemáticos. No servirá ni para lo que está pensada ni para dar respuesta a la emergencia de vivienda. Y aquí sí que pensamos claramente que hubo una alianza de la derecha de Cs y PP, que siempre ha criminalizado la ocupación, con Junts, que vuelve a ser la Convergència de siempre y se ha sacado la máscara que llevaba, y el PSC, que en cambio de tener voluntad política para regular los alquileres prefiere actuar contra las ocupaciones.
En materia de vivienda, hay un punto claramente de convergencia, y nunca mejor dicho, entre Junts y el PSC
El PSC y Junts también se alían para evitar una comisión de investigación en el Parlament sobre fondos buitres.
Sí, curiosamente. En el mismo pleno se tendría que haber debatido la creación de esta comisión y decidir si votan a favor de investigar en manos de quién están las viviendas, cuántas viviendas vacías tienen los fondos buitres, de qué beneficios fiscales han disfrutado para acumular parque de vivienda, qué aumentos de precio han provocado... Investigar, saber qué ha pasado para tener más elementos para formular políticas no entendemos por qué da miedo, pero da miedo. Sí que hay un punto claramente de convergencia, y nunca mejor dicho, entre Junts y el PSC.
Da miedo quizás porque detrás hay unos intereses económicos.
Sí, hay los intereses que hay, y en cambio de poner el foco donde está el problema quieren ponerlo en maniobras de distracción electoralista como la ley de la semana pasada, porque entonces hacen un gran titular. Está claro que quieren hablar de determinadas cosas, sí, y de determinadas cosas, no. Son ellos quien tienen que explicar por qué no les interesa investigar y saber qué está pasando con los fondos buitres. La pregunta es '¿Cuál es su política de vivienda'?.
Hablemos ahora de acción exterior. El Ayuntamiento de Barcelona decidió suspender temporalmente sus relaciones con Israel. ¿Es un paso consiguiente después de la resolución del Parlament del año pasado, que acusaba a Israel de apartheid?
Es un paso que en realidad viene impulsado sobre todo por la iniciativa de centenares de entidades de la sociedad civil catalana que pedían suspender la hermandad con Tel-Aviv. Y hubo una recogida de firmas con miles de apoyos. Responde a un marco en el cual la comunidad internacional claramente han identificado que lo que hace Israel con Palestina es aplicar un régimen de apartheid. Y eso lo dicen entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, las mismas que cuando hablan de la vulneración de derechos humanos a España y de los independentistas algunos partidos le dan mucha credibilidad. Curiosamente, cuando hablan de la vulneración de derechos del pueblo palestino estos partidos no le dan la misma credibilidad. Cada semana vemos cómo asesinan palestinos, y la comunidad internacional no puede estar impasible.
Hay diputados de ERC en el Parlament que me gustaría saber qué piensan de la declaración de la consellera Meritxell Serret sobre mantener las relaciones con Israel
Pero mientras tanto el Govern dice que mantendrá las relaciones comerciales y culturales con Israel. ¿Cómo se explica eso?
Esto es un poco curioso. ERC ni quiere ni puede. ERC firmó y votó a favor de la resolución que aprobó el Parlament, que habla del régimen de apartheid e insta a la Generalitat a revisar y no potenciar sus relaciones con el Estado de Israel mientras se vulneren los derechos humanos y se incumplan las resoluciones de las Naciones Unidas. Y ahora oímos a la consellera Meritxell Serret decir que se tienen que mantener las relaciones comerciales y culturales. ¿En qué quedamos? ¿Qué hará ERC en el Ayuntamiento de Barcelona si se lleva a votación la iniciativa que pide la suspensión de esta hermandad en el marco de una resolución aprobada y firmada por ERC? A veces, es la idea de la foto. Hay diputados de ERC en el Parlament que me gustaría saber qué piensan de la declaración de la consellera, porque han defendido la necesidad de decir 'basta de complicidad con el Estado de Israel'. Y la consellera me parece, como mínimo, tibia y poco definida.
De todos modos, uno de los ejemplos más flagrantes de estas relaciones que existen todavía entre España e Israel es la exportación de armas y el acuerdo de seguridad. ¿Eso también se tendría que suspender?
Sí. De hecho, una de las cosas que insta la resolución es eso, y desde nuestro grupo en el Congreso hemos pedido muchas veces que el Gobierno también debe tener una posición valiente, clara y firme en la condena de la vulneración de derechos humanos por parte del gobierno de Israel. La correlación de fuerzas a nivel del Estado es la que es, pero eso no impide que nosotros cada vez que sea necesario lo exijamos.
Ya para acabar, hablemos del ámbito feminista. La ley del 'sí es sí' ha provocado rebajas de condenas que la derecha ha aprovechado para criticar el Ministerio de Igualdad y el Gobierno. ¿Qué ha pasado?
Es una ley reconocida por el movimiento feminista porque avanza en la protección de las víctimas y que aporta muchos beneficios. Hace una amplia cobertura y pone el foco en el consentimiento para evitar la revictimización que muchas veces hemos visto de muchas mujeres. Que eso después ha sido instrumentalizado por la derecha de siempre para atacar el gobierno del Estado también lo hemos podido ver. Es una buena ley que, si ha generado inseguridad y malestar a las víctimas por el debate polarizado que ha habido, se tendría que mejorar, pero no tiene que afectar a la idea básica del consentimiento. Hemos oído declaraciones de algunas ministras socialistas complicadas. El Ministerio de Igualdad está defendiendo la ley y mejorarla, y nosotros le damos todo el apoyo.
En todo caso, el PSOE ha aprovechado la polémica para defender la reforma de la ley, pero comprando los argumentos de la derecha.
El PSOE está actuando como si no fuera una ley del Gobierno, que pasó por el Consejo de Ministros y que el PSOE votó a favor. Tengo sensación que le ha cogido miedo y está teniendo una reacción conservadora ante los ataques de la derecha y la ultraderecha. Pero si yo fuera del PSOE, lo que me daría miedo es pensar que aprobaré una reforma de esta ley con el PP y Vox, en cambio de hacerlo con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.