Tamara Carrasco, detenida por pertenecer a un CDR, a quien acusan de instigar la movilización del 3 de diciembre con la apertura de los peajes y otros cortes de carreteras y comunicaciones, tendrá que seguir sin poder salir de Viladecans.
El juez así lo ha decidido, a pesar de la demanda de la defensa de levantar la medida cautelar. Y alega que los CDR todavía están actuando y realizando acciones.
El juez basa su resolución en un informe emitido por la fiscalía, que aduce los mismos argumentos.
El abogado de Carrasco, Benet Salellas, ha lamentado este lunes que la privación de libertad de movimientos "no tiene ninguna base jurídica" y ha instado al juez a concretar qué delitos atribuye al activista, los cuales no están definidos seis meses después de su detención.
Tamara Carrasco, de 34 años, fue detenida el pasado 9 de abril en el marco de la operación Cadera acusada de liderar a los CDR y a instancias del Ministerio Fiscal. Durante el registro en su casa en Viladecans, los agentes requisaron las notas de cómo llegar al cuartel de la Guardia Civil en Barcelona.
Le atribuyen un audio que, según fuentes policiales, circuló por Semana Santa por redes sociales llamando al sabotaje. En el mensaje de WhatsApp informaba de lo que se estaba pensando hacer de cara a la operación retorno como acciones de protesta. Pero la gran mayoría de las que se explicaban no llegaron a realizarse.
Por todo lo anterior la acusaron de terrorismo, por eso su caso lo lleva la Audiencia Nacional, aunque este delito decayó y ahora mismo no existe concreción de los delitos por los cuales está investigada.