Reclamación. La activista de Viladecans Tamara Carrasco ha presentado una demanda al Ministerio de Justicia para que la indemnice con 24.660 euros por haber estado 1 año, 1 mes y 16 días confinada en su municipio por orden de un juez de la Audiencia Nacional, que la hizo detener acusada de terrorismo al haber difundido en 2018 un audio de WhatsApp en el que explicaba las movilizaciones por la detención en Alemania del president Carles Puigdemont, y que al final fue absuelta. En la reclamación patrimonial, el abogado de Carrasco, Benet Salellas, expone que además de quedar absuelta de todos los cargos, la medida cautelar de confinamiento afectó a la libertad deambulatoria de Carraco y que esta "no se prevé legalmente" si no lo pide una víctima, y por eso considera que "el daño moral sufrido por Carrasco es antijurídico y no lo tenía que soportar". El Ministerio de Justicia ha contestado al abogado, que ya ha recibido la reclamación de indemnización y que responderá en un plazo de seis meses, resolución avanzada por Vilaweb y a la que ha tenido acceso ElNacional.cat.
Agentes de la Guardia Civil con pasamontañas detuvieron a Tamara Carrasco el 10 de abril de 2018 en su casa, en Viladecans, y la exhibieron a los medios de comunicación como una peligrosa activista independentista y fue conducida a Madrid, ante el titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que es quien dirige la causa contra los CDR, ahora procesados por terrorismo, y de la causa de Tsunami Democràtic. En el registro, se le encontraron objetos como un silbato amarillo y folletos de Òmnium Cultural, a favor de la libertad de los independentistas catalanes.
Un total de 411 días privada de libertad
Dos días después de ser detenida, el fiscal pidió prisión para Tamara Carrasco, pero el juez le impuso la prohibición de salir del municipio donde vive, y solo para ir a trabajar. Una restricción que mantuvo en una nueva resolución noviembre de 2018. Esta restricción no fue anulada hasta mayo de 2019, cuando la titular del juzgado de instrucción 24 de Barcelona, le recayó el caso de Carrasco, derivado de la Audiencia Nacional, que rebajó la investigación a un delito de incitación a desórdenes públicos.
Carrasco fue absuelta por el juzgado de lo penal 25 de Barcelona, absolución ratificada por la Audiencia de Barcelona, a la cual recurrió la Fiscalía. Finalmente, en julio de 2022, el Tribunal Supremo, por 11 votos a 5, absolvió a Carrasco, y aseguró que no tiene que ser condenada por incitación a cometer desórdenes públicos, un delito creado en 2015, y por el cual la Fiscalía pedía que fuera condenada a siete meses de prisión. Y por ello reclama, por 411 días privada de libertad de movimientos.
Prohibido visitar a la madre enferma
En la reclamación de responsabilidad patrimonial, el abogado de Carrasco detalla todo el calvario vivido por la vecina de Viladecans. Incluso, recuerda que el 7 de junio de 2018 el juez de la Audiencia Nacional le prohibió visitar a su madre, que vive en Sants Vicenç dels Horts, cuando fue operada del pie izquierdo, para ayudarla y atenderla.
60 euros por día
Benet Salellas, en la reclamación, expone la normativa y la jurisprudencia que recoge que toda persona tiene que ser reparada si ha sido perjudicada por un "error judicial" o un "funcionamiento anormal de la Administración de Justicia", especialmente de las personas que han sufrido prisión preventiva, y después son absueltas. Salellas añade que Tamara Carrasco no sufrió prisión preventiva, pero sí una limitación de movimientos que la perjudicó, y fue absuelta, y porque legalmente esta medida cautelar "no tiene encaje en la ley de enjuiciamiento criminal", y solo se recoge "si está vinculada a la protección de víctimas", y, por lo tanto, es ilegal el "confinamiento municipal" sufrido por la vecina de Viladecans.
El abogado de Carrasco añade que la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional fijó en sentencia en 2007 un baremo de 120 euros por día de prisión injusta, y por eso reclama la mitad para ella. Así pues, 60 euros por 411 días confinada son 24.660 euros. Es la reclamación al estado español por los daños sufridos.