Crece la tensión en el Ayuntamiento de Tarragona por el presunto caso de espionaje que han sufrido el alcalde del municipio, Rubén Viñuales, y la funcionaria municipal encargada de gestionar al millonario contrato de la basura. Con el fin de aclarar los hechos, el consistorio encargará un segundo peritaje del móvil del alcalde, aunque el primero ya confirmaba que el dispositivo había sido infectado con un software espía. El consistorio ha celebrado este miércoles una junta de portavoces de carácter extraordinario para que el gobierno diera explicaciones al resto de grupos sobre la información publicada el martes por Porta Enrere, que adelantaba la noticia.

En el caso de la trabajadora, el medio añadía que también se le hizo un seguimiento personal y se la fotografió manteniendo encuentros con terceras personas vinculadas al consistorio y a la adjudicación, de las cuales se habría hecho una transcripción del contenido aprovechando que tenía el teléfono pinchado. La empleada ha sido la encargada de adjudicar el servicio del transporte y recogida de residuos y limpieza viaria durante los próximos diez años, un contrato titánico por un importe de casi 234 millones de euros —la cifra más elevada en más de dos décadas.

El consistorio quería esperar a poner una denuncia a pesar de tener un informe que avala el espionaje

"El Ayuntamiento ha sido víctima de un espionaje, no sabemos por parte de quién. Los hechos son de una gravedad importante, los conocíamos desde hacía algún mes, pero queríamos esperar a tener una pericial específica del móvil del alcalde para comprobar mejor los hechos antes de poner una denuncia", ha explicado la portavoz del gobierno, Sandra Ramos, que ha defendido que, que se haya hecho pública la noticia "facilita la vida a los responsables del espionaje". Según el diario, el 25 de marzo el alcalde ya era consciente de que su móvil estaba pinchado.

En opinión de Ramos, los 10 días que tiene que estar el dispositivo en manos de una empresa técnica para que lo examine son el motivo por el cual se ha alargado el peritaje. "Una cosa es que no lo tenga durante una mañana, y la otra es que no lo tenga durante diez días seguidos, con lo cual necesitamos la habilitación de algún otro medio para comunicarnos con él", ha añadido a la portavoz.

El concejal de ERC Jordi Fortuny, que en el anterior mandato lideraba el área de Servicios Generales que se encarga de la basura, también estaría al corriente de la situación. Viñuales le habría informado y el consistorio habría costeado un peritaje del móvil de Fortuny que dio negativo.

Los grupos salen en defensa de la funcionaria

Todos los grupos, a excepción de Vox, han salido a defender la honorabilidad de la trabajadora municipal espiada. "Es intolerable", "está fuera de lugar" o "es una información gravísima", han sido algunas de las frases que han soltado los concejales. Es por eso que en el pleno del viernes han acordado hacer una declaración institucional de apoyo a la trabajadora y votar si poner un recurso a la resolución del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que excluyó a la ganadora del concurso de la basura, GBI Paprec. La resolución afirmaba también que las tres participantes habían incumplido los pliegues de licitación, pero como tan solo estaba la denuncia contra GBI Paprec -por parte de Urbaser-, las otras no quedaban excluidas.