El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la ley de memoria aragonesa y suspende la norma. El recurso del ejecutivo español se presentó el pasado mes de mayo a petición del presidente, Pedro Sánchez, ante la negativa del ejecutivo de Aragón, formado por PP y Vox, de sentarse a dialogar sobre la cuestión. En opinión de los socialistas y de Sumar, la normativa autonómica pretendía "blanquear la dictadura" franquista y suponía una derogación de la legislación aprobada en Madrid. En este sentido, en la demanda, el Gobierno argumentó que la ley podría vulnerar los artículos 10.1 y 15 de la Constitución española por la derogación de los preceptos relativos al estatuto de las víctimas y afirmó también que la norma podría vulnerar competencias estatales y ser contraria al deber de colaboración.
"El gobierno de España ha querido hablar, negociar y sentarse, pero el gobierno de PP y Vox no solo dice 'no' al gobierno de España, sino que también dice 'no' a la ONU, a los relatores, al derecho internacional y a la preservación de los derechos humanos", afirmó al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en plena campaña europea.
La petición nace después de un tira y afloja entre el Gobierno y Aragón. A principios de abril, el ejecutivo de Pedro Sánchez ya avisaba de que lucharía por tumbar las leyes autonómicas en esta materia anunciadas en Aragón, el País Valencià y Castilla y León, comunidades donde el Partido Popular y Vox han pactado. El recurso contra la ley aragonesa de memoria histórica fue aprobado en el Consejo de Ministros.
El Gobierno acusa a Feijóo de "invisibilizar a las víctimas" del franquismo
Desde que salió adelante la ley de memoria aragonesa, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha reprochado en reiteradas ocasiones los pactos de los populares con los de Santiago Abascal, y ha denunciado que el partido de Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a todo para mantenerse en el poder. En esta línea, durante la rueda de prensa para anunciar el recurso del Gobierno, el ministro de Memoria Democrática acusó a los populares de pretender "invisibilizar a las víctimas del bando democrático", y tildó de "preocupante" los acuerdos de PP y Vox en cinco comunidades autónomas y más de 130 ayuntamientos. "Nos tenemos que preguntar como es posible que gente así siga siendo a los socios prioritarios del PP", señaló además la ministra de Educación del Gobierno, a Pilar Alegría, en la misma rueda de prensa.