El Pleno del Tribunal Constitucional de este martes ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del PP en el Congreso contra la ley de Memoria Democrática. Los diputados recurrentes consideran, que la ley podría ser contraria al artículo 1.1 de la Constitución conforme la cual "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". Además, consideran que infringe derechos fundamentales como la libertad ideológica, la libertad de expresión y de creación literaria y científica, la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra. También alegan que no respeta la orden constitucional de distribución de competencias, la reserva de ley orgánica ni la autonomía municipal.
Vox también presentó un recurso que fue admitido el pasado 7 de febrero. La formación de extremadreta considera que la ley supone "exaltar la memoria de unos españoles y despreciar la memoria de otros", con el que --a su juicio-- "se pretende dinamitar españoles y despreciar la memoria de otros", con el que --a su juicio-- "se pretende dinamitar del imaginario colectivo a un bando de la Guerra Civil".
Ley de Memoria Democrática
El pasado 5 de octubre el Pleno del Senado aprobó definitivamente el proyecto de Memoria Democrática que el Gobierno pactó con Bildu, Más País, PDeCAT y PNV. Aquel día, la Cámara Alta rechazó los vetos de PP, Vox, Ciutadans y UPN y no aceptó ninguna de las 521 enmiendas al texto que venía del Congreso. La ley supone una profundización en la ley de Memoria Democrática de 2007. Aprobada en Consejo de Ministros en 2021, fue tomada en consideración por el Congreso este mismo año. Poco después, se decidió apartar el proyecto al ver que el Gobierno no tenía suficientes apoyos para sacarla adelante por el rechazo inicial de ERC.
Buscar a los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y estudiar las posibles vulneraciones de derechos humanos entre los años 1978 y 1983 son algunos los objetivos de la nueva ley de Memoria Democrática. La Ley 20/2022, que deroga la impulsada por el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero el año 2007, nace bajo los principios de "verdad, justicia y reparación," y persigue dignificar a las víctimas olvidadas, así como "evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia". Con la nueva ley entra la extinción automática de cualquier título nobiliario concedido entre 1948 y 1978 y que representen un "enaltecimiento de la Guerra y la Dictadura". En total, 29 personas se han dejado sus títulos por el camino.