El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos presentados por Vox y el PP contra la nueva ley del aborto y la conocida como 'ley trans', respectivamente, según ha informado a la corte después del pleno celebrado este martes. El partido de extrema derecha impugnó la Ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo al considerar que "vulnera los principios de libertad, pluralidad y legalidad, y los derechos a la vida, a la igualdad y a la libertad ideológica". El PP, por su parte, impugnó la "ley trans" de Irene Montero, porque consideran que "ataca el derecho a la protección de la infancia y a la integridad física".
La ley de salud sexual, del febrero pasado, supuso devolver a las menores de 16 y 17 años el derecho al aborto sin necesidad de contar con permiso paterno, aspecto sobre el cual el TC no se pronunció al resolver el recurso del PP contra la ley del aborto de 2010, porque el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió este artículo en 2015. Fue el mes de mayo pasado cuando el TC resolvió este recurso, uno de los más antiguos, rechazando las tesis del PP y consagrando la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de la mujer a decidir "sin coerción".
El PP, contra la ley trans
Los magistrados también han acordado dar entrada al recurso del PP contra la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, después de que el mayo pasado ya admitieran a trámite la impugnación de Vox a esta misma norma. El PP alega que la 'ley trans' podría lesionar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, libre desarrollo de la personalidad —en relación con el derecho a la integridad física— o el de protección de la infancia previsto en los acuerdos internacionales sobre la materia, así como el derecho a la igualdad.
Los ERE, al pleno
Los magistrados también han decidido que sea el Pleno quien asuma el estudio de los recursos presentados por los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros condenados por el 'caso ERE', para que sea el Pleno de la corte de garantías quien asuma su estudio. La Sala Segunda acordó la semana pasada admitir los recursos de los ERE, al considerar que en estos momentos "no se puede descartar la verosimilitud de las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas". Señalaron además que "el asunto trasciende del caso concreto, por el hecho de que plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y que tiene unas consecuencias políticas generales".