Nuevo corsé al Parlament de Catalunya. El pleno del Tribunal Constitucional (TC) de hoy ha acordado estimar el recurso de amparo de los diputados del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlament y declara la nulidad de los acuerdos de la Mesa de Parlament del 25 de septiembre de 2019, sobre dos propuestas de resolución, una sobre la autodeterminación y la segunda contra la sentencia a los independentistas catalanes, hecha pública el 14 de octubre del 2019. El tribunal de garantías solamente ha anunciado el acuerdo y que los magistrados Juan Antonio Xiol y Ramón Sáez Valcárcel han presentado voto particular, sin detallar su sentido. Estas dos resoluciones tienen un contenido similar a las de octubre y noviembre del 2019, sobre el soberanismo y contra la monarquía, que motivaron la acusación por desobediencia al TC de la Mesa encabezada por Roger Torrent.
El pleno del TC precisa que en el 2019 la Mesa del Parlament "vulneró el derecho a ejercer las funciones representativas" de los diputados de Cs, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes. Y, para restablecer su derecho, declara la nulidad de los acuerdos de la Mesa del Parlament del 25 de septiembre de 2019. La primera era del grupo de la CUP: "Un acuerdo para la autodeterminación, la amnistía y los derechos civiles y políticos." Y la segunda fue impulsada por los grupos de ERC, Junts y la CUP: "Para una respuesta de consenso ante la sentencia del juicio al procés", que el Tribunal Supremo dictó un mes después. Se indica que el 26 de septiembre de 2019 la mesa desestimó la petición de reconsideración de Cs.
Precisamente, los miembros soberanistas de la segunda Mesa del Parlament serán juzgados por desobediencia al TC por admitir a trámite resoluciones en el mismo sentido, pero un mes después. El diciembre pasado, la Fiscalia Superior de Catalunya anunció que pide una condena de veinte meses de inhabitación de cargo público para el expresident de la Mesa y actual conseller de Empresa, Roger Torrent (ERC), y a los exmiembros de Junts Eusebi Campdepadrós, actual secretario de Administració de Justícia, y Josep Costa por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional al haber permitido un debate sobre la independencia de Catalunya y contra el Rey en 2019. Y solicita un año y cuatro meses de inhabilitación para Adriana Delgado (ERC), al participar en una de las dos votaciones. Antes, la magistrada instructora hizo detener a Costa porque no se presentó a declarar como investigado.
Razonamiento
En el recurso al TC, Ciutadans sostiene que con la admisión de estas resoluciones se vulneran hasta seis sentencias del TC (desde 2015 a 2019), en las cuales se pone el corsé al Parlament catalán en lo que respecta a permitir ciertas resoluciones y debates, como el derecho de autodeterminación. En la respuesta, la letrada del Parlament, Esther Andreu, afirma que las resoluciones "no quieren eludir" lo que ya ha resuelto el TC. En defensa del Parlament, expone que ciertamente "el deber excepcional de la mesa es inadmitir a trámite una iniciativa parlamentaria por incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el TC". Añade que solamente se lesionarían los derechos reconocidos de los diputados si la Mesa es "consciente", de que al tramitarla puede incumplir el deber constitucional y acatar lo resuelto por el tribunal, y cuando hay una resolución que lo impide, "extremo —precisa— que no está acreditado en este caso concreto.
La letrada del Parlament también expone que en la sentencia del TC (115/2019), "el tribunal cambia la doctrina hasta ahora mantenida", ya que permite derivar esta obligación, no de un mandato específico, sino del razonamiento del tribunal y de los efectos generales de sus sentencias. Andreu alerta de los peligros de esta nueva línea jurisprudencial como expuso la entonces vicepresidenta del tribunal Encarnación Roca Trías, en un voto particular en esta sentencia. Roca indicaba que ampliar el campo de actuación de las mesas parlamentarias supondría otorgar a las mayorías coyunturales de las mismas un importante instrumento de control de cualquier iniciativa parlamentaria.