El pleno del TC ha resuelto por mayoría que los ultrajes a la bandera española no están amparados por la libertad de expresión.
El Tribunal Constitucional se ha dividido en dos bloques al aprobar, por un solo voto, una sentencia que establece que los ultrajes a la bandera de España constituyen un delito al no estar amparados por la libertad de expresión.
La resolución del pleno se ha tomado con cinco votos particulares. Concretamente, los votos son de los magistrados Andrés Ollero Tasara, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón, Encarnación Roca Trías y María Luisa Balaguer Callejón.
Fuentes del tribunal de garantías han adelantado la decisión de la sentencia, que no concede el amparo a un dirigente de la Confederación Intersindical Galega (CIG) que instó a quemar la "puta bandera" de España durante una manifestación delante del Arsenal Militar de Ferrol en 2014.
El Constitucional ha desestimado el recurso de amparo que se presentó en el juzgado de Ferrol y la Audiencia de A Coruña. El recurso tenía por objeto el enjuiciamiento de las "denunciadas vulneraciones de las libertades de expresión e ideológica del recurrente en el marco de un proceso penal en el que fue condenado por delito de ultraje a la bandera del art. 543 CP".
En concreto, las expresiones que determinaron la condena eran "aquí tenéis el silencio de la puta bandera" y "hay que prenderle fuego a la puta bandera". El Tribunal considera que estas expresiones fueron innecesarias para las reivindicaciones salariales que el recurrente, como representante del sindicato (Confederación Intersindical Galega), estaba defendiendo y, además, no guardaban relación con estas reivindicaciones. Por todo ello, se entiende que estas expresiones fueron realizadas al margen y
sin el amparo de los derechos fundamentales invocados, dice el TC.
El sindicalista interpuso un recurso contra las sentencias condenatorias del 22 de marzo de 2017 del juzgado de lo penal número 1 de Ferrol y de 8 de febrero de 2018 de la sección primera del Audiencia Provincial de A Coruña.
La sentencia no se ha notificado todavía, el pleno ha hecho pública la resolución hoy y en los próximos días se enviará el texto completo a las partes.
Boye mira ya al TDEH
Mientras tanto, Gonzalo Boye, el abogado del presidente de la Generalitat Quim Torra, entre otros, amenaza en llevar el caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
Con un tuit ha soltado la intención de elevar el tema al tribunal europeo y acusa al Tribunal Constitucional de hacer el ridículo.