Morir matando. El Tribunal Constitucional ya tiene composición para su renovación parcial, pactada entre La Moncloa y el PP. Pero, antes de proceder al recambio de piezas, el alto tribunal ha propinado el último varapalo al Gobierno. Reunido este miércoles en pleno, el alto tribunal ha declarado inconstitucional el segundo estado de alarma por el coronavirus, decretado en octubre del año pasado por un plazo de seis meses. Como en la sentencia del primer estado de alarma, el pasado julio, lo ha hecho fracturado: seis votos a favor y seis en contra. También hace pocas semanas declaró inconstitucional el supuesto "cierre" del Congreso durante la primera ola.
Nuevamente, una mayoría ajustada del pleno del Tribunal Constitucional ha acabado aceptando el recurso presentado por la extrema derecha de Vox contra el decreto. Hay dos elementos que han pesado para tomar la decisión. En primer lugar, la prórroga de seis meses con falta de control parlamentario al presidente Pedro Sánchez. En segundo lugar, el sistema de "cogobernanza" adoptado por este decreto de estado de alarma, que nombró las comunidades autónomas autoridades delegadas competentes y les permitía decretar toques de queda y otras medidas que suponían restricciones de las libertades.
Por una parte, la sentencia, a cargo del magistrado Antonio Nárvaez, sostiene que "lo que merece censura constitucional no es la duración de la prórroga, por sí sola y sin más, sino el carácter no razonable o infundado de la decisión". La mayoría del alto tribunal cree que se determinaron los seis meses "incluso sin coherencia alguna con las razones que el gobierno" esgrimió para solicitar la prórroga. En la misma línea, la resolución argumenta que la prórroga fue autorizada cuando ni siquiera se habían decidido las medidas que se tenían que tomar para hacer frente a la pandemia, que se dejaban en manos de las comunidades.
Con respecto al nombramiento de las comunidades como autoridades delegadas competentes, los magistrados consideran que va en contra de la distribución competencial que establece la misma ley que regula el estado de alarma. Además, añade, lo hizo "con carácter permanente sin reserva alguna de la supervisión efectiva de lo que las autoridades delegadas pudieran actuar en los ámbitos territoriales respectivos".
Los cuatro votos particulares han sido formulados por el presidente del TC, Juan José González Rivas, y los magistrados José Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.
Renovación inminente
Se trata previsiblemente de la última decisión del Tribunal Constitucional antes de que se proceda a su renovación parcial, pactada entre el Gobierno y el PP. Tenía un tercio con el mandato caducado, y por lo tanto entrarán cuatro personas. Al renovarse parcialmente, la mayoría seguirá siendo conservadora en el alto tribunal. Los nuevos miembros serán la presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel; el letrado de las Cortes Generales y exvocal del CGPJ, Enrique Arnaldo Alcubilla; la magistrada del TSJ de Andalucía, Inmaculada Montalbán, y el magistrado de la Audiencia Nacional, Juan Ramón Sáez.
La relación es de dos conservadores y dos progresistas, los mismos que se marchan. A Espejel y Arnaldo se los considera próximos al PP, mientras a Montalbán se la sitúa en la órbita del PSOE y a Sáez en la de Podemos (y antes Izquierda Unida). Mientras Sáez absolvió al major Trapero, Espejel formuló un voto particular porque creía que se le tenía que condenar. Salen del TC los conservadores Juan José González Rivas y Andrés Ollero y los progresistas Encarna Roca y Fernando Valdés.
El Gobierno "respeta" pero "no comparte" la decisión del TC
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha explicado que el Gobierno "respeta, acata, pero no comparte la resolución del Tribunal Constitucional". Llop ha defendido que el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez "actuó en base a la necesidad y las circunstancias que se daban en aquel momento" y que se hizo "acatando los parámetros constitucionales". En este sentido, la titular del Ministerio de Justicia ha asegurado que "es evidente que se actuó en todo momento para salvar la vida y la salud de los ciudadanos".