El Congreso ha dado luz verde este martes para que se inicie la derogación de la reforma del Tribunal Constitucional que daba a la institución poderes para la suspensión de políticos, de modo que si todo sigue su curso, sólo podría multarlos con de 600 a 3000 euros. La proposición del PNV ha prosperado con 176 votos a favor del PSOE, Unidos Podemos, ERC y el PDeCAT. En cambio, el PP y Ciudadanos han votado en contra, con 164 votos. La Moncloa muestra ya "preocupación" porque los socialistas se hayan sumado, haciendo política con "temas de Estado", en una alusión velada a las implicaciones que la reforma tenía para combatir el soberanismo.
El ponente encargado de defender la proposición aprobada ha sido el letrado de los nacionalistas vascos, Mikel Legarda. El PNV cree la reforma de los populares iba orientada a "judicializar procesos que son inherentemente políticos", como los conflictos entre autonomías y el Estado. Por ese motivo, también querían que se retirara la suspensión cautelar cuando tienen lugar recursos de inconstitucionalidad para Estatutos, con la idea de fomentar la negociación previa. Así las cosas, el PSOE presionará durante la tramitación para que no prospere esta medida, con el fantasma del Estatuto en mente.
La diputada de ERC Ester Capella ha abundado en la idea de que la norma del TC estaba hecha adhoc para el proceso soberanista. "Lo dijimos en aquel momento: con esto, se había roto la separación de poderes, en un órgano totalmente politizado, donde su presidente es militante del PP". Capella ha tirado de historia para recordar otro momento de confrontación entre el Estado y Catalunya, el año 1906. Según la diputada republicana, los populares habrían emulado la Ley de Jurisdicciones, en virtud de la cual un tribunal militar "ejercía como brazo armado del gobierno", como piensa sería era el TC.
Precisamente, ninguno de los votantes a favor duda de que el proceso catalán era el mar de fondo de la medida. "Creen que convirtiendo el TC en un garrote hacen un favor en España, pero se equivocan porque aquello que hacen es deslegitimar la institución" ha remachado el portavoz de Podemos, Íñigo Errejón. Al respecto, ha denunciado que las implicaciones sí son para todo el Estado, haciendo así "más pequeño" el pacto de convivencia. Eso iría en detrimento de la Carta Magna, porque esta "vela por la autonomía" de comunidades y municipios.
Incluso Ciudadanos acepta a estas alturas que la norma era un envite al soberanismo. El portavoz Juan Carlos Girauta, ha asegurado que quién cumplía la ley no tenía nada que temer sobre las acciones del Alto Tribunal. "No hay que entrar en matices jurídicos para ver que aquello que quieren hacer ustedes es desobedecer el Tribunal". Por este motivo, ha afirmado que la forma de combatir a aquellos políticos que deciden "aquello que es o no es democrático" es mediante los Tribunales "de derecho". Estos impedirían que nadie "retuerza la ley" en función de sus objetivos políticos.
PP y Moncloa presionan
Así las cosas, la derogación todavía tiene que pasar un proceso de tramitación, donde la Moncloa luchará para que no cambie demasiado. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este martes que el Gobierno español intentará "salvar" el contenido de la ley durante su proceso de tramitación, con el objetivo que sea el "más adecuado para aquello que España necesita". Catalá niega que eso tenga que ver con el proceso catalán, sino que todos los tribunales pueden hacer cumplir sentencias, y el Constitucional también lo tendría que poder hacer, como intérprete de la Carta Magna.
Con la capacidad de disolver las Cortes cuando le complazca a Mariano Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha tildado "de error" la acción de los socialistas y les ha pedido un proceso de "reflexión". "Nuestras instituciones en España merecen un acuerdo siempre del PP y el PSOE en determinadas cuestiones", ha remachado sobre el pacto al cual apeló hace unos días al pleno, cuando le pidió a la diputada del PSC, Meritxell Batet, un acuerdo para combatir el proceso. Y según fuentes de la dirección del PP, Rajoy tiene previsto convocar elecciones en los momentos de "mayor tensión" política.
La propuesta del PDeCAT
Menos suerte ha tenido el PDeCAT, que también habían presentado su propuesta, pero no ha prosperado. El PSOE sólo se ha abstenido, porque dicen que la del PNV iba más "en sintonía" con su filosofía. La cuestión es que el PDeCAT solamente quería derogar la ley, mientras que los vascos sustituían la suspensión de políticas por multas coercitivas de 600 a 3.000 euros hasta el total cumplimiento de la sentencia. Eso ha servido al portavoz Antonio Hernando para lanzarle al PP que "igualmente" podrán hacer cumplir sus leyes –y por extensión, combatir el proceso.
Eso no ha impedido a la diputada demócrata, Lourdes Ciuró, defender que ellos también han aportado al gesto de que hoy se ha producido. "Somos impulsores, promotores y avaladores de derogar una ley que ha convertido el TC en un tribunal político" ha dicho Garbanzo sobre su proposición. ¿"En qué clase de estado están convirtiendo el Estado español"? ha lamentado. El propio líder del partido en Madrid, Francesc Homs, ya había manifestado antes que estaba "feliz" porque este martes el Congreso hacía un retroceso sobre "la atrocidad" que el PP habría perpetrado el año anterior, con esta norma.