Novedades en la carpeta de la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional. El tribunal de garantías ha decidido frenar la tramitación de los quince recursos presentados por las comunidades autónomas contra la norma del olvido penal con el objetivo de analizar si están legitimadas para recurrir una ley de naturaleza penal, según ha avanzado El País y ha confirmado ElNacional.cat. En las próximas semanas, los letrados del Constitucional elaborarán un informe estudiando esta cuestión y Laura Díez, la ponente del recurso de las Cortes de Aragón (que fue el primero en ser registrado), será la encargada de presentar una propuesta al pleno, que tendrá que aprobarla. Fuentes del TC consultadas por este medio indican que “no se ha suspendido nada” y que “todo sigue su curso” y alegan que lo que se está haciendo es “analizar una serie de requisitos” para admitir o no los recursos presentados, en un proceso por el que no existe un calendario establecido y que tiene unos plazos “difíciles de calcular”. Los tempos dependerán de la ponente, que será quien decida cuándo quiere elevar la cuestión al pleno. Eso sí, las voces consultadas por ElNacional.cat dejan claro que el recurso que estudia Laura Diez será la “cabecera de la cuestión” y que, por lo tanto, la decisión que apruebe el pleno en este caso arrastrará el resto de recursos. En concreto, han presentado los once gobiernos autonómicos del PP, la Junta de Castilla-La Mancha (presidida por el socialista Emiliano García-Page) y tres parlamentos autonómicos.
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¿Por qué duda el Tribunal Constitucional sobre la admisión a trámite de estos quince recursos? La respuesta corta es que no tiene claro que los gobiernos y los parlamentos autonómicos tengan capacidad de recurrir la ley de amnistía. La respuesta larga es que la ley no es tajante y puede dar pie a diferentes lecturas. Por un lado, el artículo 162 de la Constitución deja claro que “los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en tal caso, las asambleas de las mismas” están “legitimados” para interponer un recurso de inconstitucionalidad. Ahora bien, la Ley Orgánica del Tribunal Constitución va un paso más allá y lo matiza: en el artículo 32, especifica que las autonomías pueden recurrir las leyes del Estado que “puedan afectar a su propio ámbito de autonomía”. Y este es el quid de la cuestión. El TC tiene que responder si la ley de amnistía afecta al ámbito de autonomía de las comunidades autónomas. Si considera que sí, admitirá a trámite los recursos y pasará a estudiar a fondo sus argumentos. Si la conclusión es que no, la decisión sería inadmitir todos los recursos, de forma que solo quedaría vivo el del PP (aparte de las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por los tribunales).
Cuando presentaron sus recursos de inconstitucionalidad, todas las comunidades autónomas coincidieron a la hora de considerar que la amnistía vulnera el principio de igualdad. “Pone en peligro la igualdad de trato que merecen” los valencianos y “las oportunidades que tienen que seguir teniendo”, esgrimió Carlos Mazón (presidente de la Generalitat Valenciana). “Permite que se puedan cometer delitos en función de donde se viva y a quién se vote”, añadió Fernando López Miras (presidente de Murcia). “Se libera de responsabilidad jurídica a unos delincuentes solo a causa de su ideología política, cosa que es una manifiesta desigualdad”, remachó María José González Revuelta (presidenta del Parlamento de Cantabria). Además, Emiliano García-Page aseguró que el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha emitió un informe “muy contundente con respecto a la legitimidad de la comunidad” para recurrir la ley.
📝 Cascada de recursos al TC de los gobiernos autonómicos del PP (y de Page) contra la ley de amnistía
📝 Segunda ofensiva de las autonomías del PP contra la ley de amnistía en el TC
La amnistía en el TC: recursos de inconstitucionalidad del PP y de las comunidades autónomas y cuestiones de inconstitucionalidad del Supremo y del TSJC
Hay que tener presente que el recorrido de la amnistía en el TC avanza en tres frentes. Por una parte, las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por los tribunales. La primera que se ha admitido a trámite es la que elevó la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que se aceptó el martes pasado. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha presentado tres más por las causas de Quim Torra, de Pau Juvillà y de Bernat Solé. Por otra parte, la semana que viene el TC admitirá a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP como partido (aunque, formalmente, lo registraron más de cincuenta diputados y más de cincuenta senadores). La ponencia ha recaído en José María Macías, un magistrado que se ha manifestado abiertamente contra la amnistía y a quien Puigdemont ha recusado en los recursos de amparo que tiene sobre la mesa (que no tienen que ver con la amnistía) por haberlo calificado de “nazi”. Finalmente, la tercera carpeta que tiene el TC sobre la norma del olvido penal son, precisamente, la batería de recursos que han presentado las comunidades autónomas. Es este punto en concreto el que ahora ha decidido estudiar.