Hoy empieza un pleno del Parlament que marcará un punto de inflexión en el proceso independentista. La clave: el desafío al Tribunal Constitucional por las conclusiones de la comisión de estudio del Proceso Constituyente. Precisamente, el TC esperará que la cámara catalana someta a votación las conclusiones para decidir si abre un proceso para debatir las posibles sanciones a las que se podría enfrentar la cámara por el incumplimiento de sus resoluciones.

Fuentes de esta institución apuntan que en todo caso este no sería un procedimiento automático y que la celeridad de la respuesta dependerá de la voluntad de los magistrados de actuar de oficio o bien de esperar algún tipo de requerimiento por parte del Estado.

Esta última opción ha sido hasta ahora la mayoritaria en el sí de una institución que vio en la reforma de la Ley Orgánica del TC una maniobra del gobierno español de trasladar a su mesa responsabilidades que no le corresponden. No obstante, fuentes del TC apuntan que los magistrados son conscientes de que afrontan un terreno nuevo y sin precedentes, y que delante de este nuevo escenario les corresponderá también a ellos diseñar el recorrido.

Los magistrados entienden que la resolución de la semana pasada, que advertía la Mesa de su obligación de impedir cualquier iniciativa que impulse el proceso constituyente, dejó claro el criterio de esta institución. A priori, sin embargo, creen que no se puede considerar como el último paso previo antes de abrir un procedimiento sancionador.

Más cuando los grupos mayoritarios han esquivado el aviso haciendo que la Mesa sólo tomara nota de las conclusiones sin incluirlas al pleno de esta semana. Se someterán a votación fruto de una petición que Junts pel Sí y la CUP harán para modificar sobre la marcha de orden del día del pleno.

Por este motivo los magistrados esperarán que la cámara consume el supuesto incumplimiento para decidir, en primer término, si celebran un pleno que analice la situación generada en el Parlament de Catalunya y si corresponde, o no, hacer uso de las facultades sancionadoras que les otorga la reforma de la ley del TC.

Evitar pasos en falso

La voluntad del Constitucional es no dar pasos en falso que acaben abriendo fisuras al sí de la misma institución. De momento no se ha convocado ningún pleno ni existe ninguna previsión de celebrar uno esta semana, aunque el presidente tiene la facultad de convocarlo de urgencia y con carácter inmediato.

Según fuentes del TC, la respuesta que los magistrados se han auto-recetado pasa para actuar desde la "prudencia" pero también "contundencia". En caso de incumplimiento enviarían formalmente una notificación al Parlamento o los miembros de la cámara catalana que consideren responsables de este incumplimiento.

Lo que tenga que pasar después dependerá de varios factores. El primero es si existe una voluntad mayoritaria de actuar de oficio o bien una preferencia para que sea el abogado del Estado –o alguna otra instancia– que emplace el TC a activar el mecanismo sancionador.

Después se abre un escenario nuevo para la institución donde, según fuentes del TC, los pasos procesales no están claros. Los magistrados son conscientes de que tendrán que ser ellos mismos los que diseñen el recorrido a hacer, y que sus actuaciones crearán un precedente.

Mientras tanto, buena parte de los miembros del TC se marcharon de puente este fin de semana y no hay calendario de plenos hasta septiembre. Se abre la posibilidad de la convocatoria de un pleno de urgencia, y aunque el criterio es que una decisión como esta se tiene que adoptar a un pleno donde haya el máximo de miembros, también existe la opción que se encarguen de la respuesta los magistrados que quedan de guardia en agosto.