El Tribunal Constitucional asegura que se vulneraron los derechos de los senadores del PDeCAT a ejercer sus funciones y por lo tanto declara la nulidad del acuerdo de la Mesa que denegaba la constitución de un grupo del PDeCAT al Senado y exige que se les restablezcan sus derechos.
En una sentencia hecha pública este jueves, el Constitucional estima el recurso de amparo que interpuso el senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries en su nombre y otros nueve senadores en el que se reclamaba la nulidad de los acuerdos de la Mesa del Senado tomados los días 1 y 4 de agosto de 2016 por los que se denegaba su derecho a constituir un grupo parlamentario catalán en el Senado.
Los magistrados sentencian que se han "vulnerado" los derechos de los senadores del PDeCAT y a ejercer sus funciones representativas y obligan a la Mesa —controlada por el PP— a "restablecer" su derecho de constituir el grupo parlamentario.
Persecución política
El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha asegurado que la negativa de la Mesa a dar grupo a sus senadores respondía a una "persecución política" por el papel de su formación respecto al proceso independentista. Según Cleries, la sentencia es "una bofetada" a la Mesa del Senado, que ha actuado como "ejecutiva del PP" y pone de manifiesto que durante 11 meses "se han vulnerado los derechos fundamentales de los senadores del PDeCAT por parte de la Mesa del Senado ".
Además, el portavoz entiende que la constitución del nuevo grupo debe ser automática, con los cuatro senadores del PDeCAT y los seis procedentes de ERC, Bildu, Coalición Canaria y Agrupación Socialista Gomera que se ofrecieron a incluirse en el mismo grupo, siguiendo una práctica de "préstamo" que ya se ha hecho otras veces, incluso por parte del PP con formaciones minoritarias.
Por su parte, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, aseguró que "ha quedado claro que en democracia los ciudadanos tienen derecho a votar a quien quieran y ningún partido —en referencia al PP— tiene derecho a silenciar a nadie".
La sentencia llega después de que en enero el TC admitiera a trámite el recurso presentado por el PDeCAT al considerar que tenía "especial trascendencia constitucional" y porque "podría tener unas consecuencias políticas generales".