El Tribunal Constitucional (TC) empieza a desbrozar el camino para agilizar el cúmulo de recursos que tiene pendientes de revisar. Y tiene trabajo por anticipado. De entrada, el pleno de este martes ha aceptado la abstención de la magistrada progresista Laura Díez respecto del recurso de VOX contra el decreto del gobierno catalán que esquivaba la aplicación del 25% de castellano en las aulas catalanas. El órgano de garantías constitucionales rechazó las alegaciones de la extrema derecha presentadas en noviembre del año pasado pero, en este punto, todavía queda vivo el recurso de súplica. El Constitucional se ventiló el recurso del ultra derecha por un defecto de forma, y eso implicó que ni siquiera estudiara la cuestión en profundidad.
¿Pero por qué se abstiene Díez? Cuando formaba parte del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, la magistrada redactó un dictamen sobre la ley catalana. Apuntó que la normativa catalana no vulneraba los artículos 3 (el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a utilizarla) y 27 de la Constitución (donde se recoge el derecho a la libertad de enseñanza). Por estos posicionamientos previos, la Asamblea para una Escuela Bilingüe ya remitió un escrito al TC intentando recusar a la magistrada. De cualquier manera, ella se postuló para abstenerse.
Según el recurso de VOX al decreto del 25%, el texto del gobierno catalán servía para "abandonar una vez más el uso del castellano" en las escuelas catalanas. La definieron como una "estratagema" para dar a los centros un "escudo jurídico" para poder incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Además, subrayaban que la medida no tenía que ser un decreto ley porque "no existe una extraordinaria y urgente necesidad" que hiciera necesario el uso de este mecanismo.
Empieza el debate por la ley del aborto
Para empezar a desatascar la cantidad de trabajo ingente que hay en el TC, el presidente Cándido Conde-Pumpido impuso que sus compañeros empezaran a debatir el recurso del PP contra la ley del aborto aprobada hace 13 años. Para empezar, el TC ha rechazado que la magistrada conservadora Concepción Espejel se abstuviera de participar en la discusión. Ella misma lo había pedido porque era miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que emitió un informe sobre la ley aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El TC considera que puede tomar parte porque ya "hace más de 12 años" que el CGPJ redactó aquel texto jurídico que, según detalla, no supusieron la aprobación de ningún dictamen y que su contenido no se envió en el Gobierno.
El exministro Campo, defenestrado en siete causas
Al mismo pleno, el TC ha apartado al exministro socialista de Justicia Juan Carlos Campo de las deliberaciones de siete recursos que cuelgan del órgano citado. En cuatro procedimientos le han hecho dar un paso al lado por su "relación personal" con la presidenta del Congreso de los Diputados, la catalana Meritxell Batet. No podrá participar en las deliberaciones que tienen que ver con los recursos del PP contra el aval de la Mesa a los juramentos y acatamientos de la Constitución por parte de un grupo de diputados que utilizaron fórmulas alternativas en 2019 y en 2020. También podrá decir nada sobre la petición de informes y documentos que integraban los expedientes de indulto a los condenados por el procés ni en la discusión sobre la decisión de Batet de dejar sin escaño al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez. Por su condición de exministro se tiene que apartar de la deliberación sobre un decreto anticrisis del gobierno central, contra un punto de la Ley de Educación y contra medidas adoptadas por el ejecutivo de Aragón.