El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, podrá participar en todas las deliberaciones sobre la ley de amnistía. Así lo ha decidido el TC, que ha descartado la recusación promovida por el PP y por ocho gobiernos autonómicos por siete votos a favor y uno en contra. Hay dos magistrados que han anunciado votos particulares: Concepción Espejel, discrepante con la composición del pleno y con el objeto del incidente, pero partidaria de rechazar la recusación, y Enrique Arnaldo, concurrente y contrario a la composición del pleno. En el debate no han participado ni Juan Carlos Campo, que ya está apartado de la cuestión, ni ninguno de los tres magistrados recusados (Conde-Pumpido y Laura Díez, recusados por el PP, y José María Macías, recusado por la Fiscalía y por la Abogacía General del Estado). La decisión de no apartar a Conde-Pumpido hace avistar que el TC tampoco aceptará la recusación de Díez, que se estudiará más adelante. Todavía está por ver si con la de Macías se mantendrá la estructura de los dos bloques. Una vez hecho el primer paso, próximamente el TC tendrá que decidir si admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP.
🔎 Comienza la batalla de recusaciones en el Tribunal Constitucional por la ley de amnistía
A pesar de que en 2021 el Constitucional aceptó la abstención de Conde-Pumpido en todos los recursos de amparo derivados de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés (por haber expresado su opinión sobre el independentismo en una conferencia en 2017), el TC esgrime ahora que las causas que motivaron apartarle en ese momento “no coinciden con el enjuiciamiento constitucional de una ley penal que no existía a la hora de suscitarse la abstención” y señala que las “manifestaciones controvertidas” de 2017 “no se referían al problema constitucional suscitado ahora”. El auto subraya que “ni por el objeto y el contenido impugnatorio de los procesos constitucionales ni por el origen fáctico de la abstención es posible apreciar” la conexión que denunciaba el PP, lo que “evidencia su falta de fundamento y determina la su inadmisión a trámite”.
54 recusaciones para los debates en el TC sobre la ley de amnistía, un récord hasta ahora
En total, se han presentado 54 recusaciones para apartar a cuatro magistrados: 27 contra Cándido Conde-Pumpido, Laura Díez y Juan Carlos Campo (en este caso, el TC ya ha aceptado la abstención solicitada por el mismo Campo) y 27 contra el conservador José María Macías. Es un récord en la historia del Tribunal de Garantías. Los magistrados progresistas fueron recusados en nueve recursos de inconstitucionalidad: el del PP y el de los gobiernos autonómicos de Madrid, Galicia, Andalucía, el País Valencià, Castilla y León, Cantabria, Extremadura y las Illes Balears. Y Macías, por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Desde el TC, recuerdan que cada recusación “paraliza el procedimiento correspondiente” e implica que la tramitación de los recursos sea “más lenta”.
Hace un mes, Alberto Núñez Feijóo avisó en una entrevista en Onda Cero que si no prosperaran las recusaciones, los populares tendrían “muchas dificultades para entender” que la decisión del TC ha sido dictada por “personas independientes” y denunció que el actual TC es el que tiene “más sospechas de parcialidad”. Asimismo, Isabel Díaz Ayuso justificó las recusaciones por la “pública y notoria vinculación con el PSOE” de los tres magistrados: Cándido Conde-Pumpido fue fiscal general del Estado entre el 2004 y el 2011 (con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa), Laura Díez fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica (un órgano directivo del Ministerio de la Presidencia) entre en febrero del 2020 y en mayo del 2022 y Juan Carlos Campo fue ministro de Justicia de Pedro Sánchez entre enero de 2020 y julio de 2021. La voluntad de los populares es evitar la mayoría progresista del TC (que está formado por siete magistrados progresistas y cinco conservadores) con el objetivo de conseguir una sentencia contraria a la amnistía.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado quieren apartar a José María Macías
Más allá de los tres magistrados progresistas, hay una cuarta recusación sobre la mesa: la de José María Macías, a quien quieren apartar la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La Fiscalía sostiene que, como vocal del CGPJ, Macías “participó directamente” en la elaboración dos pronunciamientos del CGPJ (una declaración institucional en noviembre, antes de conocerse el redactado de la norma, y el informe solicitado por el Senado) que supusieron una “reiterada exteriorización de una corriente de pensamiento radicalmente contrario” a la ley y comportaron una “extensa, razonada, reiterada, detallada y categórica” valoración de la ley. Eso lleva a concluir que hay una “sospecha legítima de inclinación hacia un criterio preestablecido”. En la misma línea, la Abogacía del Estado considera que queda acreditado que Macías tuvo un “extenso conocimiento” del litigio cuando era un cargo público y “formó opinión” junto con el resto de vocales del CGPJ en “detrimento de la debida imparcialidad”.