Atrincherado. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) no ha aceptado la reclamación de la Fiscalía ni del Senado para apartar a dos magistrados, escogidos por el PP en el 2013 y con el mandato caducado, del pleno extraordinario, celebrado este miércoles. El presidente del TC Pedro Gonzalez-Trevijano y Antonio Narváez no se han apartado de la deliberación y así se ha mantenido la mayoría de magistrados escogidos por el PP (6) enfrente de los del PSOE (5). A las once menos cuarto de la noche se ha anunciado que el pleno del tribunal, que se ha reunido de forma extraordinaria, tampoco ha aceptado la petición del Senado que ha impugnado la medida cautelarísima adoptada por el pleno del TC lunes por la noche, en la cual admite el recurso de amparo del PP y paraliza dos enmiendas de la reforma del Código Penal del Gobierno que afectan directamente a la renovación del Tribunal Constitucional.
Fuentes del tribunal solo han informado de la resolución sin los argumentos jurídicos para desestimar la impugnación planteada por el Senado al recurso de amparo del PP. Y que los cinco magistrados progresistas han anunciado que harán un voto particular. Son: Juan Antonio Xiol, Candido Conde-Pumpido, Ramón Sáez Valcárcel, Luisa Balaguer e inmaculada Montalbán. Inicialmente, el pleno del Senado tiene que aprobar este jueves la reforma del Código Penal, de la cual ya sacó las dos enmiendas (la 61 y 62) suspendidas por el tribunal de garantías.
Falta de imparcialidad
La Fiscalía ha anunciado este miércoles por tarde que también se ha personado en la causa sobre la suspensión de la tramitación legislativa de la reforma legal del gobierno español, que incluye la renovación del órgano de garantías. En su escrito, muy crítico, afirma que González-Trevijano y Narváez se tendrían que apartar de la causa por que les afecta personal y profesionalmente, porque serían sustituidos de forma inmediata con la reforma impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear este tribunal. E incluso afirma que ponen en cuestión su imparcialidad, exigida -le recuerda- tanto por el Tribunal Supremo como por el mismo Tribunal Constitucional. Además, califica de “peligro” la decisión adoptada por el tribunal porque no existen precedentes y como que no ha comunicado la resolución completa, desconoce los argumentos jurídicos en que se sustenta para haber admitido el recurso de amparo del PP y frenar una reforma legal que todavía no se ha aprobado.
Respuesta del gobierno español
El gobierno español de Pedro Sánchez se enfadó con el bloqueo del TC, pero desde la Moncloa ya se ha acordado un plan para tirar adelante la renovación del Constitucional. La reforma judicial se tramitará con una proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos, en lugar del proyecto de ley, que siempre tiene que ser firmado por el Gobierno.
La norma mantendrá las dos enmiendas que frenó el Constitucional. En la enmienda 61 se modifica la ley del Poder Judicial para reducir las mayorías de tres quintos a mayorías simples en la elección de los candidatos al TC. En la enmienda 62 se modifica la ley del Tribunal Constitucional y se asegura que los magistrados del TC tienen un mandato de 9 años y transcurridos 9 años y tres meses se cambiarán los magistrados a pesar de que uno de los dos órganos que los tienen que proponer, el Gobierno y el CGPJ, no lo haga, como pasa ahora. También se elimina la condición que el TC tiene que verificar los candidatos propuestos.
El PP presentó el recurso asegurando que se vulneraba sus derechos como parlamentarios porque las dos enmiendas que reforman la Ley del Poder Judicial y la ley del Constitucional nada tienen que ver con la reforma del Código Penal, en la cual se deroga el delito de sedición y se reduce el castigo el delito de malversación sin lucro personal, que tiene que beneficiar a los excàrgos del Govern encausados por la organización del 1-O.