Un nuevo capítulo en el serial de la judicatura española. Este viernes, el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad que presentaron los grupos parlamentarios del PP y Vox contra la reforma del régimen jurídico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se encuentra en funciones. El actual mandato caducó hace casi tres años y no ha habido manera de proceder a la renovación de los vocales.
Justamente ante este bloqueo, los socios del Gobierno decidieron impulsar la reforma en el Congreso. La iniciativa perseguía limitar las funciones, especialmente con respecto a los nombramientos de magistrados, que se han seguido designando por decenas a pesar del mandato caducado. La norma "limita las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente con miembros que han excedido el periodo constitucional del mandato" e impide que puedan proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional o de los presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, así como magistrados del Tribunal Constitucional. La norma se aprobó de forma exprés, reduciendo plazos por la vía de urgencia reglada en el reglamento de la cámara.
El PP y la extrema derecha de Vox presentaron rápidamente recursos ante el Tribunal Constitucional, alegando que podría vulnerar los artículos 9.3, 23, 122, 165, 167 o 169 de la Constitución española por defectos formales en su tramitación parlamentaria pero también supuestamente por vulnerar el principio de independencia judicial o la reserva de la Constitución para regular el CGPJ.
Con su providencia de hoy, el pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos y da traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso, el Senado y el Gobierno para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren oportunas.
Las asociaciones presionan
Mientras tanto, la renovación sigue sin llegar. Esta misma semana se ha producido un nuevo movimiento de los jueces ante el bloqueo político en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pronto hará tres años que caducó el mandato de la actual junta, y el Gobierno y el PP no han alcanzado ningún acuerdo para desbloquearlo. En este contexto, de forma inédita, se han unido las cuatro principales asociaciones de jueces, las tres conservadoras y la progresista: la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente. Denuncian el uso "partidista" que se está haciendo y defienden una reforma del sistema de elección para que los jueces escojan a los vocales.