Nuevo choque consumado entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Y el Tribunal Constitucional da la razón a la Moncloa. El TC ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno contra un artículo de una ley que fijaba que la instalación de placas o distintivos en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid requerirá “previa autorización” del gobierno madrileño. Es un precepto que se aprobó semanas después de que la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática del Gobierno empezara los trámites para declarar Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, que fue Dirección General de Seguridad durante el franquismo: fue un “símbolo de la represión” y la Moncloa quiere instalar placas, paneles y distintivos memoriales interpretativos con una finalidad “conmemorativa, didáctica, reparadora y de homenaje”.

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El Gobierno recurrió la ley que había impulsado el PP de Madrid con la voluntad de obstaculizarlo y el Constitucional ha admitido a trámite el recurso y, al mismo tiempo, ha suspendido (cautelarmente) la vigencia de este artículo. A partir de aquí, el TC entrará a discutir el fondo de la cuestión para tomar una decisión definitiva. Por cierto, hace unas semanas, el Constitucional admitió a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el gobierno madrileño contra, precisamente, el acuerdo de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática.

El Gobierno denunció que la maniobra del PP de Ayuso vulnera tres artículos de la Constitución

En su demanda, el Gobierno alegaba que el artículo introduido por el PP madrileño vulnera la competencia estatal para la “regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales” en relación con los preceptos de la Ley de Memoria Democrática que regulan los lugares de memoria democrática. Además, denunciaba que la maniobra de Ayuso es contraria a los artículos de la Constitución que reconocen que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social” (el artículo 10) y que todos los ciudadanos tienen “derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes” (el artículo 15).

Un artículo para “proteger y preservar la neutralidad, la pluralidad, la concordia y el respeto a la verdad”

¿Qué decía exactamente el artículo que ha suspendido el Constitucional? Fue en el último pleno de 2024 de la Asamblea de Madrid cuando el PP introdujo una enmienda a la Ley de medidas para la mejora de la gestión en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid para blindar la Real Casa de Correos. Así pues, el precepto reconocía la obligación del gobierno madrileño de “proteger y preservar la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional, el significado y el uso actual” de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Además, añadía que en el caso de que se impulsen actuaciones que “directa o indirectamente perjudiquen o resulten incompatibles” con estas previsiones, el ejecutivo madrileño ordenaría su “cese inmediato” y adoptará las “medidas oportunas para reparar el daño” y establecía que la instalación de placas o distintivos requerirá la “previa autorización” del ejecutivo madrileño

Una placa para recordar el papel de “vigilancia, control y represión” de la Dirección General de Seguridad

La voluntad del Gobierno es declarar Lugar de Memoria Democrática el edificio que fue Dirección General de Seguridad durante el franquismo, dado que fue un “símbolo de la represión” donde miles de personas fueron “detenidas, interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos”. “Asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión”, actuando como “policía política al servicio del régimen” y convirtiendo la “tortura en los sótanos del edificio en una práctica habitual por la que se buscaba atemorizar y desmoralizar a los detenidos”. La Ley de Memoria Democrática prevé que esto se haga en los sitios en los que hayan tenido lugar hechos de “singular relevancia por su significación histórica o simbólica” o por su “repercusión en la memoria colectiva” que estén vinculados a la “represión y violencia sobre la población” como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936 o a la dictadura.

Ayuso cargó contra la “manipulación de la historia” y la “memoria selectiva” de la Moncloa

Cuando Isabel Díaz Ayuso anunció que llevaba esta cuestión al Constitucional, defendió que la sede del gobierno madrileño tiene una “larga historia que no se puede reducir a la significación concreta” que el Gobierno quiera darle dentro de su “estrategia de reanimar al franquismo” y reprobó que la Moncloa tenga “memoria sospechosamente selectiva” para “reducir dos siglos y medio de historia del edificio a solo cuarenta años para distraer la atención de la grave involución democrática que está impulsando”. La presidenta madrileña presentó la Casa de Correos como “testimonio de la convivencia en paz”. “La discordia, la amnesia, la manipulación de la historia y el guerracivilismo no vencerán”, concluyó.