El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del ejecutivo central contra tres leyes aprobadas por el Parlament de Catalunya, entre ellas la que impone un impuesto sobre las viviendas vacías. Las tres normas quedan suspendidas de forma cautelar, tal como pidió el gobierno español.
Además de la normativa sobre los pisos desocupados, también han quedado impugnadas la ley de igualdad entre hombres y mujeres y la que regula la actividad de los gobiernos locales en Catalunya, todas ellas recurridas por el gobierno central a finales de abril.
Las providencias se han dado a conocer este martes, pero fueron aprobadas en el pleno del TC de la semana pasada. Ahora el Parlament y el Govern de la Generalitat dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
La admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen ningún pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en sentencia en próximos días, según han señalado fuentes del tribunal de garantías. Sin embargo, el Tribunal tiene un plazo de hasta cinco meses para ratificarlo o levantarlo.
El Estado dice que invade competencias
Según explicó el pasado 22 de abril el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno español impugna la ley que establece un impuesto en las viviendas vacías porque este hecho imponible ya está gravado en el actual sistema de financiación de las haciendas locales, que prevé recargos de hasta el 50 por ciento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Las otras dos leyes afectadas también han sido recurridas porque el Estado considera que invaden sus competencias. Estas son la ley 16/2015 relacionada con la actividad de los gobiernos locales y la ley 17/2015 orientada a la igualdad efectiva de hombres y mujeres.
Catalá justificó estos recursos en "el ejercicio normal de las competencias de cada administración pública cuando considera que otra se ha extralimitado en sus competencias".
La ley de igualdad efectiva fija diferentes políticas públicas dirigidas a promover la igualdad efectiva y apoderamiento, reconoce el papel de las asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres, establece que en la contratación y a la hora de destinar ayudas se prioricen empresas y entidades que tengan planes de igualdad y determina que tiene que haber paridad en los órganos colegiados, tribunales y órganos técnicos de selección de las administraciones.
También apuesta por una educación no sexista, por la prohibición de juguetes y determinados anuncios publicitarios y por el impulso de la conciliación y el reparto de tareas.
Medio Ambiente y Protección Civil
Además, el Constitucional ha admitido a trámite un conflicto de competencia impulsado por la Generalitat contra el plan estatal de impulso al Medio Ambiente para la reducción de gases contaminantes en las empresas, y otro recurso contra la ley estatal de Protección Civil.
El recurso fue presentado el 5 de abril alegando que esta norma limitaba el ejercicio de los poderes y las facultades reconocidas a la Generalitat. Asimismo, argumentó que contenía un "gran número de inconcreciones" y "conceptos genéricos" que no permitían delimitar aquellos aspectos recogidos en la ley.