El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional el decreto ley con que el Govern de Pere Aragonès creó en el 2021 el Fondo Complementario de Riesgos para cubrir las fianzas que el Tribunal de Cuentas exigía a los líderes del procés. El pleno del tribunal ha adoptado esta decisión por mayoría al considerar que no concurrían las razones de "extraordinaria y urgente necesidad" para legislar a través de esta vía. Con todo, esta resolución no tendrá ninguna consecuencia práctica, ya que el contenido del decreto se desarrolló en una ley posterior que no ha sido objeto de impugnación y que continúa vigente. El pleno del tribunal de garantías ha estimado el recurso que Vox presentó con una mayoría de once magistrados contra uno, la magistrada progresista María Luisa Balaguer, que abogaba para desestimarlo. Los cinco magistrados del bloque conservador, además, han emitido votos particulares al considerar que el decreto no solo es inconstitucional porque no fue creado por la vía adecuada, sino también porque Catalunya no tiene las competencias para crearlo.

El Tribunal de Cuentas exigió en junio del 2021 una fianza de 5,4 millones de euros a 34 ex altos cargos de la Generalitat por la acción exterior del Govern entre los años 2011 y 2017 y los gastos asociados al 1-O. Este reclamo iba dirigido, entre otros, a los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas, además del exvicepresident Oriol Junqueras. El Govern que en aquel momento lideraba Aragonès, con el conseller Jaume Giró al frente de Economia, decidió buscar una solución con el objetivo de garantizar la presunción de inocencia de los servidores públicos hasta que no haya una sentencia judicial. Giró propuso crear un Fondo Complementario de Riesgos que, a través del Institut Català de Finances (ICF) funcionara de aval ante las reclamaciones judiciales o administrativas de trabajadores públicos y altos cargos hasta que se resolviera el procedimiento, con la condición de que, si una vez establecida una sentencia firme, se demostrara una responsabilidad contable de los afectados, estos tendrían que devolver el dinero.

El Parlament aprobó el decreto ley con los votos a favor, de ERC, Junts y la CUP, la abstención de PSC y los comunes y el 'no' de Vox, Cs y PP. Los socialistas se mostraron favorables a la propuesta después de que el Consejo de Garantías Estatutarias avalara por unanimidad la fórmula. El decreto ley posteriormente se convirtió en un proyecto de ley, que fue aprobado nuevamente en el Parlament, y finalmente el instrumento financiero también fue aceptado por el Tribunal de Cuentas, que inicialmente se había resistido.