El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado desestimar y tumbar el recurso de inconstitucionalidad que presentó la Generalitat de Catalunya contra algunos artículos del real decreto-ley sobre el ingreso mínimo vital (IMV) y su regulación, tal como adelanta Crónica Global. El Govern denunciaba que esta norma legal suponía una invasión competencial y que, en concreto, afectaba a sus competencias ejecutivas relativas a la Seguridad Social y de asistencia social.

El ejecutivo catalán reiteraba que la competencia para pilotar y gestionar estas prestaciones corresponden a la Generalitat, al tratarse precisamente de una prestación no contributiva. La sentencia, sin embargo, afirma que no hay ninguna vulneración competencial en materia de aquellas que hacen referencia a la Seguridad Social y que son de Catalunya. "Dentro de la competencia estatal sobre legislación básica en materia de Seguridad Social" entra que el Estado fije "los requisitos, el alcance y el régimen jurídico de las prestaciones de la Seguridad Social", defiende la ponencia del alto tribunal.

Así pues, el TC considera que prevalece la legislación básica del Estado y asevera que el modelo de gestión adoptado sobre el IMV "garantiza que el acceso a estas prestaciones por parte de los ciudadanos se produce de forma igualitaria y homogénea en todo el territorio nacional".

Voto particular

Dos magistrados han presentado un voto discrepante contra esta resolución. El autor de este voto particular es el magistrado Juan Antonio Xiol, un texto al cual se ha adherido María Luisa Balaguer. Ambos expresan que la sentencia modifica la doctrina previa vinculada a las dos competencias que regula el artículo sobre la Seguridad Social y el régimen económico de este organismo.

Los dos magistrados entienden que la doctrina establecía la expansión de esta competencia del Estado a las competencias de ejecución que tienen adjudicadas las comunidades autónomas. De esta forma, sostienen que la reclamación competencial que hace la Generalitat afecta a unas que son ejecutivas y que no "hay ninguna causa que justifique" que ahora estas sean atribuidas sólo al Estado.

Violant Cervera: "La sentencia es una involución y un ataque"

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha reaccionado a la sentencia del TC a través de Twitter y ha calificado esta resolución como una "invasión y un ataque a las competencias de la Generalitat". En concreto, manifiesta en el tuit que "la sentència del TC sobre nuestro recurso por la gestión del Ingreso Mínimo Vital es una involución y un ataque a competencias que ejercemos desde hace más de 30 años" y asegura que el principal problema es que "con esta nueva doctrina jurídica del Constitucional, todas las competencias de la Generalitat peligran".

El Departament de Drets Socials también ha enviado un comunicado denunciando la "vulneración competencial" y que la sentencia es "contraria a la jurisprudencia previa del TC y supone una recentralización de funciones de carácter ejecutivo sobre un ámbito de competencia de la Generalitat". La conselleria insiste en reclamar el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital porque defienden que "una gestión de proximidad podría mejorar su aplicación y evitar la complejidad de la tramitación".

La gestión del IMV, encima de la mesa de la Comisión Bilateral

Esta resolución del Tribunal Constitucional llega un mes después de que se reuniera la Comisión Bilateral Estado-Generalitat. Uno de los acuerdos que se adoptó fue la creación de grupos de trabajo específicos. Uno de estos grupos, justamente, tendrá que estudiar el cambio necesario en la legislación estatal para hacer efectivo el traspaso del ingreso mínimo vital, que refuerce la renta garantizada de ciudadanía.

Catalunya no es el único territorio que reclama su gestión. El año pasado, el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez llegó a un acuerdo con el PNV para traspasar esta gestión al gobierno vasco, pero de momento esta cesión de las competencias no se ha materializado. Precisamente, en la sesión del Senado de este martes, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, manifestaba que esperaba llegar a un acuerdo con los vascos para realizar los cambios en el marco normativo que hagan falta para hacer el traspaso.

 

Imagen principal: Sede del Tribunal Constitucional. ACN.