Paso importante. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido la demanda por el derecho a la verdad presentada por los padres de Xavi, el niño atropellado mortalmente en la Rambla, con otras 13 personas, en los atentados del 17-A del 2017 en Barcelona, según ha adelantado elMon y ha confirmado ElNacional.cat, este jueves. El caso es Martinez Espinola v. España y se le ha adjudicado el número de procedimiento 26217/24. En una carta, se les comunica que el tribunal revisará su caso lo antes que le sea posible, y que requerirá documentación, acción que incluye la reclamación de explicaciones al Estado español.

Los padres del niño, Javier Martínez y Sílvia Mompart, a través de los abogados Jaume Alonos-Cuevillas y Agustí Carles, presentaron esta demanda el mayo pasado, después de que el Tribunal Constitucional rechazara su recurso de amparo para exigir el derecho a la verdad en los atentados y ante la vulneración del derecho de tutela judicial efectiva. El TC no vio "ninguna trascendencia especial constitucional", mientras el tribunal con sede en Estrasburgo, sí.

Revelaciones de l'imam de Ripoll

La notificación a los padres de Xavi llega en una semana clave. Se ha confirmado que el CNI tuvo contactos con el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, al cual se le atribuye la radicalización de los jóvenes de este municipio y que protagonizaran los atentados en Barcelona y Cambrils con un total de 16 muertos y más de un centenar de heridos. El Gobierno negó que Es Satty fuera confidente del CNI, pero poco después de los atentados tuvo que admitir que se lo había ido a ver en la prisión de Castellón. Nada más. Ahora, con la desclasificación de documentos, aprobada por el Congreso de los Diputados, se ha evidenciado que el CNI lo visitó en el 2014, tres años antes de los atentados, lo interrogaron, y  al final lo descartaron como confidente por poco fiable. Antes, la Guardia Civil lo visitó en el penal, el 2012.

Reclamo de más desclasificaciones

Precisamente, el Congreso de los Diputados reprende la próxima semana la comisión de los atentados del 17-A, exigida por Junts. El partido de Carles Puigdemont ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que desclasifique más documentos para saber las llamadas de Es Satty con el CNI, una vez fuera de la prisión. En el 2015 se instalaba en Ripoll, sin ningún control policial, a pesar de saber sus contactos con radicales yihadistas.

Dos interrogantes pendientes

La familia de Xavi quiere que se aclare dos extremos: si realmente el Gobierno tiene responsabilidades porque tenía algún conocimiento de los graves atentados, negados por los exresponsables del gobierno del PP,  y certificar que el imam de Ripoll está realmente muerto como dicen los tribunales, o no.

En el juicio en la Audiencia Nacional contra tres acusados, los forenses indicaron que se encontraron restos de Es Satty en la explosión de la casa de Alcanar, olmo preparaban los explosivos. La acusación de los padres de Xavi requirió que se comparara los restos encontrados con el ADN de algún familiar del imam en  Marruecos.

En la vista, se aportó una documentación, pero no se pudo interrogar a las autoras del informe sobre algunas imprecisiones técnicas. "No cumplen con los estándares científicos y jurídicos exigibles”, indican los abogados Jaume Alonso- Cuevillas y Agustí Carles en sus recursos. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional les respondió que  el tribunal juzgador y sentenciador había hecho todo lo más riguroso posible para demostrar la muerte de Es Satty, pero que si hay novedades de lo contrario se podía reabrir.

Paralelamente, víctimas de los atentados del 17-A se han quejado de la pasividad del Gobierno para encontrarlos y para saber su estado. El diciembre pasado, en cumplirse un año de la firmeza de la sentencia del 17-A, el gobierno español informaba que ha indemnizado a 160 personas de las  171 solicitudes recibidas. Es decir, el Estado español solo ha indemnizado al 49% del total de 345 personas reconocidas en la sentencia de la Audiencia Nacional.