El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha hecho públicas las preguntas planteadas al Estado español después de admitir a trámite la demanda del president de la Generalitat, Quim Torra, contra España por su inhabilitación. Entre otras cuestiones, el tribunal pregunta si Torra "fue juzgado y condenado dos veces por la misma infracción", además de plantear dudas sobre las pruebas del juicio, la imparcialidad de los tribunales que lo juzgaron y sobre todo del procedimiento administrativo paralelo que utilizó la Junta Electoral Central para retirarle el escaño de parlamentario.
El TEDH pregunta si los tribunales que participaron en el procedimiento penal respetaron el "principio de imparcialidad", como exige el artículo 6 del convenio, y si la sala del Tribunal Supremo que examinó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Torra cumplía los requisitos de un tribunal predeterminado por la ley. También pide saber si el delito de desobediencia por el cual fue condenado constituía una infracción en el momento en el cual se cometió, como recoge el artículo 7 del convenio, y si estuvo justificada la privación de su estatus de parlamentario en el Parlamento de Catalunya. En este sentido, la magistratura europea plantea si el hecho de haber sido privado del estatus de parlamentario antes de que la condena fuera definitiva infringió el derecho de Torra a unas elecciones libres, que aseguraran la expresión libre de la opinión del pueblo sobre la elección del cuerpo legislativo.
El tribunal también ha pedido en España que proporcione información sobre el procedimiento interno puesto en marcha por Torra contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), ya que por el procedimiento administrativo que empezó la JEC fue multado con 3.000 euros y podria tratarse de la misma infracción. También preguntan si la condena afectó a su libertad de expresión, según el artículo 10 del convenio, y si Torra fue víctima de una discriminación, contraria al artículo 14 del convenio y al artículo 1 del protocolo número 12, al ser condenado a una pena de inhabilitación.
En un comunicado publicado por la oficina de Quim Torra señalan que el TEDH ha dado de plazo a España hasta el 29 de mayo del 2025 para contestar a las cuestiones planteadas. Desde la oficina del presidente destacan que es "un gran paso, dado que son muy pocas las demandas presentadas delante del TEDH que se admitan a trámite" y celebran que las preguntas planteadas abarquen todo el proceso desde la inhabilitación del expresidente por el TSJC, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional español.