La Guardia Civil, el año 2016, adjudicó 24 contratos 'a dedo' con un valor de más de un millón de euros al empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, conocido como 'Mon', y uno de los investigados en el caso de los cuarteles del instituto armado y citado en el sumario por el caso Mediador. Un informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil detalla que después de que el exministro del interior Jorge Fernández Díaz nombrara en septiembre de 2015 al teniente general Pedro Vázquez Jarava como jefe de Mando de la Subdirección General de Apoyo, en Madrid, el constructor canario registró un "incremento exponencial de los importes facturados", según revela este viernes El Periódico de España.
El origen de la irregularidad reside de la Ley de Contratos del Sector Público, que hasta noviembre de 2017, permitía a las administraciones públicas adjudicar contratos sin pasar por concurso público si las cantidades, sin impuestos, no superaban los 50.000 euros. De esta particularidad se aprovecharon por presuntamente favorecer al constructor canario. El método de operar de los investigados es que dividían los fondos destinados a una jefatura como si fueran contratos menores, por lo tanto, ninguna obra superaba el importe mínimo marcado por ley. Según apunta el diario, citando a Asuntos Internos, es que existe la sospecha de que en realidad eso fuera una táctica, porque muchas de las obras que se adjudicaron no se acabaron haciendo. Además, en las obras para las cuales se pedía presupuesto para las obras, además de una empresa, todas eran de Tejera de León.
Concesión irregular de contratos
El general Vázquez Jarava está imputado desde el 14 de febrero de 2022 por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid por la presunta concesión irregular de casi 200 contratos al empresario canario por un total de 3,3 millones de euros adjudicados entre 2014 y 2019. El general retirado, Francisco Espinosa Navas, único investigado del caso Mediador que está en prisión, fue el encargado de poner en contacto a Jarava y al empresario Canario. Ahora la magistrada de Madrid, María Isabel Durántez, investiga si Espinosa cometió los delitos de soborno, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación por las obras realizadas a 13 jefaturas de otras provincias españolas por las empresas de 'Mon', entre las cuales se encuentran Angrasurcor SL, Solocorcho SL y Canarycork. Las indagaciones apuntan que en un conjunto de estas obras, en las cuales se invirtieron 99.173 euros, se produjo un desvío de 79.938 euros, el 80% de su valor. Los informes de la Guardia Civil sitúan como pieza clave del fraude al constructor canario.
El primero de los contratos que se investiga se firmó el 8 de enero de 2016 por un importe de 27.379 euros por mejores al Acuartelamiento de Lopera (Jaén). El 28 de enero del mismo año, se firmó un segundo contrato de 28.360 euros en Jaén. Como se dividieron en dos contratos, la suma no superó los 50.000 euros. Durante el mismo año se siguieron adjudicando contratos a Tejera de León. La Comandancia de la Guardia Civil que más dinero abonó entre 2014 y 2019 fue la de Tenerife (927.499 euros); seguimiento de la de Huelva (461.079 euros); Algeciras (399.189 euros); y Alicante (381.611 euros), según señala el citado diario. Entre 2008 y 2012, Tejera de León también obtuvo ingresos de la Guardia Civil, todo y que un importe menor, 337.893 euros, pero estos procedían de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife.
La técnica de repartir fondos en varios contratos para obras que no se acabaron materializando fue detectada por las comandancias de Algeciras, Alicante y Santa Cruz de Tenerife, según indica el informe de Asuntos Internos, enviado el 24 de enero 2020 al Juzgado número 2 de Ávila, que fue lo que inició la investigación. Las investigaciones se ampliaron a las trece comandancias investigadas por la jueza de Madrid, que asumió la instrucción meses después.