En quince días se sabrá en qué grado clasifican a los presos políticos y en qué régimen penitenciario quedan para cumplir la condena del Tribunal Supremo.

Una vez sale la sentencia que delimita la condena, las prisiones concretan, según los delitos y los condicionantes de cada preso, en qué régimen quedan. Y de aquí es de donde salen los terceros grados que hacen que los presos sólo tengan que ir a la prisión para dormir. Si pasara eso, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa podrían pasar las fiestas de Navidad en casa. Eso sí, tendrían que volver a la prisión cada noche.

De hecho, en una entrevista en ElNacional.cat, el abogado de Quim Forn, Xavier Melero, decía que era posible y que ya se tendría que haber adjudicado.

La pregunta es si con penas altas como las que tienen los presos políticos la ley permite el tercer grado. Y sí, lo permite. La ley no establece ningún mínimo de años de pena para obtener el tercer grado.

¿Pero cuántas veces ha pasado? La verdad es que no es habitual que con penas de dos dígitos se otorgue el tercer grado. Pero tampoco es imposible. Porque ha habido casos. Todo depende de los condicionantes de cada preso. De si hay peligro de reincidencia, de si tiene arraigo familiar y posibilidades de tener trabajo, y del riesgo de huida.

Ahora mismo los presos políticos están esperando que los clasifiquen para saber a qué régimen se enfrentan dentro de la prisión y si podrían salir, al menos de día, mucho antes de cumplir la cuarta parte de la condena, que es lo que hay ahora a la vista.

El proceso a seguir

Para que eso pase hace falta que la Junta de Tratamiento de cada prisión evalúe a los presos y decida qué clasificación les dan. Eso tiene que pasar en un plazo de 15 días, que es cuando se agotan los dos meses que prevé la ley para evaluar a los presos una vez tienen la condena. La decisión la toman funcionarios de carrera. "Las decisiones no están en el terreno de la política", dicen fuentes de Serveis Penitenciaris, que aseguran que "se tratará este caso como cualquier otro".

Sólo intervendrá la Secretaria de Mesures Penals en caso de que no se clasifique del mismo modo a los presos y a las presas que están en prisiones diferentes, porque, de hecho, siempre lo hace cuando la Junta de Tratamiento clasifica diferente dos casos iguales. Por ejemplo que se otorgara el tercer grado a los presos de Lledoners pero no a las presas de Puig de les Basses o Mas d'Enric. En este caso se haría una propuesta para que reconsideraran la clasificación.

Una vez hecha la clasificación de la Junta de Tratamiento, es susceptible de recurso por parte de la Fiscalía, que se puede oponer. También se puede oponer el juez de vigilancia penitenciaria. E incluso puede acabar en la mesa del Tribunal Supremo, que es el que ha dictado la sentencia. "La última palabra la tienen los jueces", recuerdan desde el Departament de Justícia.