Ha costado mucho que estuvieran dentro y muy poco que salieran. Siete de los ocho ultras encarcelados por el asalto a la Librería Blanquerna de Madrid durante la Diada de 2013 ya tienen el tercer grado penitenciario, según ha adelantado TV3. Y, además, lo han obtenido en un tiempo récord, que en casos no llega ni a un mes desde el ingreso a prisión. Sus penas van de los dos años y siete meses a los dos años y nueve meses de prisión por un delito de desórdenes públicos, después de que el Tribunal Constitucional obligara a retirar el agravante de discriminación ideológica.
El tercer grado, que han obtenido de forma extraordinariamente rápida, implica que sólo van a dormir a la cárcel de domingo a jueves, entre semana, pudiendo pasar el resto del tiempo y el fin de semana en libertad. A los presos políticos del 1-O les costó meses, llegando a ser revocados por el Tribunal Supremo.
El último en obtener este tercer grado ha sido Pedro Chaparro, líder del partido neonazi Democracia Nacional, que además consiguió aplazar el ingreso a prisión alegando que tenía que ser padre. Finalmente ingresó el pasado 14 de marzo, y en menos de un mes ya ha obtenido el régimen de semilibertad. Chaparro tenía otra condena, de un año de prisión, por amenazar al fotoperiodista Jordi Borràs durant el 12-O de 2015 en Montjuïc. Lo mismo pasó con Manuel Andrino, jefe nacional de La Falange, que ingresó el pasado 27 de diciembre y en un mes ya disfrutaba del nuevo estatus penitenciario.
De esta manera, sólo uno de los ocho condenados que habían ingresado en la prisión no lo ha obtenido. Es Íñigo Pérez de Herrasti, militante de la neonazi Alianza Nacional, cuñado del exministro popular Íñigo Méndez de Vigo y primo segundo del también exministro Pedro Morenés y de Borja Prado, presidente de Endesa. Pérez de Herrasti ya había sido condenado en 2000 a catorce años de prisión por planificar un atentado contra familiares de presos de ETA con armas y explosivos.
Más de ocho años de espera
El caso Blanquerna dio muchas vueltas por los tribunales, pero hay sentencia firme del Tribunal Supremo desde el 23 de julio del 2020, desde hace casi dos años. Llegó después de que el Tribunal Constitucional obligara al Tribunal Supremo a volver a redactar la sentencia, haciendo suprimir el agravante por discriminación ideológica. Esta supresión supuso una rebaja considerable de las penas para los catorce condenados: ahora van de los dos años y siete meses a los dos años y nueve meses de prisión por un simple delito de desórdenes públicos. El mismo tribunal que les juzgó en segunda instancia, el Tribunal Supremo, también rechazó la petición de indulto. Ya han pasado ocho años desde que los ultras irrumpieron violentamente en la delegación de la Generalitat en Madrid para sabotear los actos la Diada del 2013.