Por tercera vez, la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional ha vuelto a dar la razón a los abogados de Alerta Solidaria. Ahora ha resuelto que tienen que declarar seis agentes de la Guardia Civil que realizaron la investigación contra los 13 vecinos, miembros de CDR, acusados de terrorismo en el 2019, en la llamada operación Judas. El juez instructor Manuel Garcia-Castellón denegó las declaraciones de los agentes como testigos solicitadas por abogados defensores al sostener que las actuaciones de los agentes ya estaban recogidas en los atestados y también porque no explicaba suficientemente los motivos de petición de la prueba. En las dos correcciones anteriores, la sala ordenaba al magistrado que entregara toda la información de la causa, como los audios completos de las intervenciones de sus móviles.

En la nueva resolución, la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional da la razón en parte al juez, que la defensa no detalló lo suficiente el motivo de su petición, sin embargo, en el recurso sí y ahora la estima con el fin de garantizar su derecho de defensa. "En el recurso sí que detalla de forma razonable las razones de la petición de la práctica de la prueba, indicando que desconoce aspectos básicos del origen y desarrollo de la investigación, que se trata de una investigación puramente policial, de la que resulta su imputación delictiva y quiere buscar más información para ejercer la defensa". Y razona: "Lo cierto es que una investigación de las características de la que integra el procedimiento en curso, sin un hecho delictivo concreto determinante que centre la investigación, y que gira sobre la actuación de diversos investigados en los que se atribuye su integración a una organización terrorista en proceso de creación, la formación del atestado se produce en función de las actuaciones de los agentes, que cobra importancia."Ante este razonamiento, la Audiencia indica que tiene que dar la razón a los encausados i garantizar su derecho de defensa.

Acusados

El septiembre pasado, el magistrado procesó a los acusados y en la resolución calca la misma expresión del fiscal cuando expone que el otoño del 2017, como no prosperó el procés de independencia en Catalunya, "una parte de la ciudadanía tuvo un sentimiento de frustración" y algunos de ellos como los acusados optaron por acciones violentas. Una de estas acciones era ocupar el Parlamento, a través del encargo de un llamado CNI catalán, que los dejaría entrar por la puerta principal, y que la operación tendría un presupuesto de unos 6.000 euros.

El juez también detallaba los indicios contra cada encausado y el material encontrado a sus domicilios y ordenadores. Añade que los expertos concluyen que hicieron pruebas con termita en una finca de Sant Fost de Campsentelles, el verano del 2019, y que califican de "uno de los laboratorios". Los acusados eran seguidos y en algunos de ellos se les puso, incluso, balizas en sus vehículos para seguirlos y escucharlos.

Los acusados de pertenecer a organización terrorista son: Eduardo Garzón, Esther Garcia, Sònia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomàs, Alexis Codina, Jordi Ros, Xavier Duch, Rafael Joaquín Delgado, Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero. Y en los que se les añade el delito de tenencia de explosivos son: Garzón, Garcia, Pascual, Casoliva, Tomàs, Codina, Ros, Duch y Delgado