Ante la crisis energética actual, las medidas impulsadas desde la Moncloa ponen en el punto de mira a las compañías eléctricas, que en este contexto están teniendo más beneficios. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha acusado a las compañías de tener ciertos comportamientos "no muy honestos ni deontológicamente muy correctos" en el marco de la crisis energética. "No están jugando tan limpio como correspondería en una situación como esta. En nuestra factura falta claridad con respecto a las explicaciones de cómo calculan según qué cosas", ha asegurado en una entrevista en La Razón.

La ministra ha afirmado que el Gobierno ha observado comportamientos de estas empresas que ya ha puesto en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) porque cree que "tienen que ser denunciados". Por ejemplo, Ribera ha explicado que "los comerciales de determinadas compañías cuando alguien llama a preguntar dicen directamente que cualquier incremento de la factura es culpa del Gobierno". Espera que la implicación de la CNMC pueda aclarar "si hay alguna interpretación interesada sobre cómo aplicar las normas que ha aprobado el Gobierno".

España lejos de los racionamientos de energía

Ribera ha reconocido la dificultad del contexto en que pasaremos el invierno. Sin embargo, ha afirmado que "la situación en Europa es complicada, en España no se tendrá que llegar a los niveles de racionamiento que muy probablemente tendrán que abordar los países del centro de Europa".

También ha defendido las medidas impulsadas por su Ejecutivo, las cuales están "encaminadas al ahorro entre todos los actores, desde la gran industria y las pymes hasta los ciudadanos y las administraciones". "No queremos que haya ningún riesgo de incremento de la pobreza energética de las familias y del tejido productivo", ha dicho. Ribera ha sostenido que el Gobierno "está haciendo más de lo que se ha hecho en la mayor parte de estados miembros y con más anticipación". A pesar de todo, no ha descartado que la crisis pase factura al Ejecutivo, pero no cree que acabe con él.

Además, ha descartado que las recomendaciones del paquete de medidas pasen a ser obligaciones. "Nos permite canalizar ahorro, nos permite llamar a las familias y los actores sociales a ser responsables en el consumo de su energía, pero de ninguna manera entrar en una cosa que sería muy compleja de articular, que es vigilar cada ciudadano, cada persona, con respecto a cuál es su consumo energético. Eso sería una locura", ha subrayado.