Los testigos de perfil político llamados por la defensa del exconseller de presidència de la Generalitat, Francesc Homs, durante la segunda jornada del juicio por el 9-N, han pivotado ante el Tribunal Supremo sobre los dos mismos argumentos que ya expusieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El primero, el papel ejecutor y necesario de los voluntarios durante la consulta, y el segundo, que la providencia del Tribunal Constitucional era "abierta y abstracta", en palabras del presidente del Consell per la Transició Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer.

La ronda ha empezado con el presidente del Associació de Municipis per la Independència (AMI), Miquel Buch, quien ha dejado al margen al funcionariado del Govern de la "consulta participativa". Buch ha explicado que fueron los Ayuntamientos los que pidieron poder acogerla "para que los ciudadanos no se tuvieran que desplazar" a otras localidades. Ello contó con el apoyo de 911 municipios, mediante la votación de mociones que fueron aprobadas en los plenos, a pesar de la diversidad de colores políticos. En consecuencia, se pusieron a disposición de los voluntarios hasta 600 locales, como según Buch, se acostumbra a hacer "como tantas otras veces, para partidos de fútbol sala, o causas solidarias," ha dicho. El fiscal ha insistido sobre si había funcionarios de la Generalitat implicados, pero el declarante se ha vuelto que "como tal", no le constaba.

El president de la AMI también ha excusado al Govern cuando ha relatado el episodio de la carta de aviso enviada por la entonces delegada del Gobierno, María de los Llanos de Luna. Buch ha dicho que la misiva hablaba en condicional y decía que la consulta "podría contravenir" al TC, motivo por el cual ha insistido en que también "podría no contravenir hacer una cosa". Ningún alcalde fue requerido, ni tampoco ningún informe le habría llegado al respecto, aunque estuvieron al corriente después de leer la carta, ha expuesto.

El turno del antes vicepresidente del Tribunal Constitucional, Viver Pi-Sunyer, también ha estado marcado por las ambigüedades presuntas en torno al proceso. Este ha explicado que lo primero que hizo fue instar a Homs a obedecer la providencia del TC, pero "no le podía decir qué actividades tenía que obedecer". "No quedaba claro. La redacción era omnicomprensiva", ha añadido sobre un texto "especialmente abierto y abstracto". Ha expuesto varios ejemplos, entre los cuales ha citado qué se debía hacer con la web, si cancelarla o no.

Viver Pi-Sunyer ha defendido la tesis de que en todo momento el objetivo fue de obedecer al Alto Tribunal. Por ese motivo, en una de las reuniones mantenidas con Homs, y catedráticos de varias facultades de Catalunya, los nombres de los cuales no ha recordado porque eran encuentros "informales", todos coincidieron en la "necesidad de aclaraciones" de los magistrados y así se lo hicieron saber en sus consejos.

También se ha defendido que, a su parecer, la providencia del TC no implicaba consecuencias penales y tampoco quedaba claro que se tuviera que suspender cautelarmente el 9N. En último término, ha indicado que si el Ministerio Público hubiera querido parar la consulta, lo podría haber hecho y no fue así.

'Silenzio Stampa...' y sonrisas en la sala

La segunda jornada del juicio ha acabado de una forma peculiar para magistrados, la abogada de la defensa, Eva Labarta, y fiscales. El turno del exsecretari de Comunicación del Govern de Catalunya, Josep Martí, ha sufrido aquello que en italiano se denomina un "Silenzio Stampa", es decir, un breve vacío informativo porque la señal de la sala ha apagado. Este, sin embargo, ha relatado cómo se gestionaron los espacios públicos el 9-N y ha dicho que su interés en este juicio era "como ciudadano". El fiscal ha repreguntado sobre ese "interés", pero el juez ha detenido las "indagaciones" porque ya las creía aclaratorias.

Más tarde, el testimonio de Albert Lamarca, miembro de la comisión jurídica asesora de la Generalitat, ha hecho sonreir en más de una ocasión a Labarta, cuando el juez y presidente del Tribunal, Manuel Marchena, ha pedido a la letrada que frenara las "disquisiciones jurídicas" que este hacía ante las preguntas. Sin embargo, después le ha tenido que reñir personalmente porque el juicio empezaba a parecer una clase de Derecho.

Lamarca se ha extendido en que se hizo casi "un máster" para diferenciar consultas de referéndums y ha expuesto que él solía dar consejo a Homs sobre el proceso participativo, pues este lo llamaba a menudo, por lo que tuvo que estudiar el caso Ibarretxe y Atutxa, que no eran de "su especialidad". Insistido por el fiscal sobre si le dijo que se cometía un delito de desobediencia, Lamarca ha zanjado hasta dos veces: "Le hice un estado de la cuestión", como si de un profesor universitario se tratase, cosa que efectivamente es en la Pompeu Fabra.