El diario The New York Times ha arrinconado la carta de respuesta del Gobierno a su editorial sobre el proceso político catalán del 23 de junio. La misiva, firmada por el embajador español en Washington y exministro de Defensa, Pedro Morenés, ha sido relegada a una columna de cartas de los lectores que aparece en la última página de Opinión de la edición internacional en papel del rotativo.
El editorial, que levantó un fuerte malestar en Madrid, cargaba contra la política del Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre el conflicto catalán. El texto, titulado "Catalonia's Challenge to Spain" (El desafío de Catalunya a España) afirmaba que lo mejor que podría pasar sería que se permitiera el referéndum y los catalanes votaran 'no', como de hecho sucedió en el caso de Escocia.
Morenés expresa su malestar y sostiene en la carta que Catalunya paga en impuestos a la administración central un 19%, el equivalente al 19% de su contribución al PIB español y recibe un 15,08% en inversiones del Estado, un porcentaje parecido a su población (15,08%). El embajador ignora las cifras del déficit fiscal incluso reconocidas por el ministerio español de Hacienda, que lo cifran en un mínimo de 8.800 millones en 2013 —la Generalitat dobla el cálculo— e incluso asegura que "este equilibrio fiscal ha sido considerado justo por parte de políticos de todos los partidos", así como el déficit crónico de inversiones en infraestructuras.
El embajador español señala, no obstante, que lo que más le sorprende es que el editorial de The New York Times no tenga en cuenta el hecho de que el Gobierno está condicionado en esta cuestión por lo que establece el artículo 1 de la Constitución española, según el cual —cita— "la soberanía nacional pertenece a todos los españoles" y es "toda la nación" quien "tiene el derecho a decidir".
Morenés argumenta que solo las constituciones de Etiopía y San Cristóbal y Nieves admiten el derecho a decidir y recuerda el caso del pleito que planteó Scott Kohlhaas sobre el derecho a la secesión de Alaska y que rechazó la Corte Suprema de este estado norteamericano por considerarlo "claramente inconstitucional". También habla de las "conclusiones parecidas" a las que se ha llegado en Alemania e Italia.