Tirón de orejas al Estado español por el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en respuesta a una pregunta de eurodiputados españoles, ha recordado que a fecha 1 de enero del 2022, España tenía 23 sentencias principales del TEDH pendientes de cumplimiento. "En aquella fecha, el porcentaje de sentencias principales dictadas durante los últimos diez años y pendientes de cumplimiento en España era del 61%, y el periodo medio durante el cual las sentencias habían estado pendientes de cumplimiento era de tres años y un mes", añade.

Reynders recuerda en su respuesta por escrito que el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, en particular por lo que hace las sentencias principales, es un indicador importante del funcionalmente del Estado de Derecho en un país, y que el informe sobre el Estado de derecho elaborado por la Comisión ha incluido este año por primera vez una visión general de la aplicación de las sentencias del TEDH en cada Estado.

 

 

El comisario respondía de esta manera a una pregunta de los eurodiputados de Junts, ERC, a PNV, IU y Bildu sobre la negativa del Tribunal Supremo a revisar la sentencia condenatoria de Xabier Atristain, condenado por terrorismo, después de que el Tribunal de Estrasburgo determinó que su proceso violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Los eurodiputados denuncian que el Tribunal ha ordenado el reingreso en la prisión de Atristain, con lo cual desacata la obligación de adaptar las resoluciones a las sentencias del Tribunal. Por esta razón habían preguntado a la Comisión si la repetición de estas situaciones favorece la confianza mutua entre sistemas judiciales y si lo considera un indicio de un problema sistémico de vulneración de derechos fundamentales por parte del sistema judicial español.

A pesar de reconocer el grado de incumplimiento del Estado español sobre las sentencias del TEDH, el comisario de Justicia recuerda que las actuaciones judiciales de ámbito nacional, como la que se refieren los eurodiputados, quedan fuera del ámbito de aplicación del derecho de la Unión, y que tienen que ser examinadas por los órganos jurisdiccionales de cada estado a la luz de su Constitución y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. No obstante, admite que el Consejo de Europa supervisa el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos.