"En marzo de 2015, al revivir los hechos, y la nota del FINCEN, los sentimientos de miedo hacia mi persona, y por mi familia me llevaron a dejar constancia de una grabación de voz e imágenes. Realicé 4 copias en un lápiz de memoria que deposité en dos notarías del Principatde Andorra, con unas determinadas instrucciones que se deberían ejecutar en caso de que se cumplieran determinados supuestos, entre los cuales mi defunción, poniendo así en evidencia estar sufriendo un miedo indudable por mi propia integridad y por la seguridad de mi familia." Así lo declaró Higini Cierco, que con su hermano Ramon, era el principal accionista de la Banca Privada de Andorra (BPA), ante un juez el 19 de octubre de 2016, donde relata que el verano del 2014 recibió la visita de Celestino Barroso, inspector jefe de la policía española, el cual le dijo que tenían que colaborar o el banco y su filial el Banco Madrid serían cerrados, como al final pasó.
Esta declaración consta en el sumario de la Operación Catalunya en Andorra, formado por siete tomos, que ahora ha vuelto a tomar interés porque la jueza del caso ha enviado comisiones rogatorias al Estado español para que declaren como investigados el expresidente del PP Mariono Rajoy, los ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, además de otros tres exjefes policiales. Las amenazas a los directivos del BPA era para obtener de forma ilegal si tenían cuentas de la familia a Pujol, de Artur Mas y de Oriol Junqueras. El verano del 2014 el diario El Mundo publicó el famoso "pantallazo" de una cuenta, que revelaba que la familia Pujol Ferrusola tenía unos 4 millones no declarados en Andorra y el president Pujol confesó que era de una deixa de su padre a su mujer e hijos. Hasta ahora, no se ha aclarado si esta información se consiguió desde la entidad Andbank, donde inicialmente tenía la cuenta, o del BPA.
Policía patriótica
En el sumario, también se recogen los valiosos testimonios de Joan Pau Miquel, CEO del BPA y encarcelado en marzo 2015 por la denuncia de blanqueo de capitales de la entidad, que desde su defensa se asegura que fue orquestada por el Gobierno, con documentación supuestamente falsificada y aportada al FINCEN, el tesoro americano. También es clave la declaración de la secretaria de dirección dle banco, Roser Castellón, que desenmascaran los nombres de la policía patriótica del PP. Así, Celestino Barroso también le dice a Joan Pau Miquel que tiene que hablar con un tal Félix Rodríguez, que después descubren que es el comisario Marcelino Martín-Blas, con el cual se reúne en el hotel Villamanga de Madrid el verano del 2014, y le dice que tienen que colaborar o el banco recibirá un "hachazo" o "martillazo". Aparte, Castellón, declara en sede judicial que Bonifacio Díez Sevillano, que era agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, le dice: "Dile a Joan Pau que lo que le digan por teléfono que lo acepte, si no el banco morirá."
Pruebas
Un trabajador del BPA encontró en su buzón un informe anónimo, en el cual mostraba las fotos de Miquel con Martín-Blas y una serie de información. En la instrucción, Joan Pau Miquel pidió volver a declarar el 15 de noviembre de 2017 para aportar la grabación que había hecho con la llamada de Barroso, en el 2014. Explicó que cuando lo detuvieron no le decomisaron este móvil, y con lo que pasó después, con la intervención del banco BPA, consideró oportuno intentar recuperarlo, además de los WhatsApp que intercambiaron. También declaró que, inicialmente, no lo veía como una amenaza porque cuando le habló del Banco Madrid, este había recibido un control del Sepblanc, pero que no avanzaba nada, y que es después cuando Martín-Blas le exige colaboración, y el directivo de BPA asegura que nunca le aportó nada de los Pujol, sino documentación semipública.
Villarejo y Andorra
El sumario de Andorra también incluye documentación aportada por el comisario ahora jubilado José Manuel Villarejo, enfrentado con Martín-Blas, aunque los dos están en la policía patriótica y las cloacas del Estado español contra el independentismo catalán. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también es citado. Además de decir quién es Martín-Blas, Villarejo asegura que es "llamativo que Martín-Blas en su condición de máximo responsable de la policía, informara de sus gestiones en Andorra a Carles Fiñana, director de la Unidad de Investigación Financiera de Andorra, confesándole incluso que había obtenido en este país documentos amparados por el secreto bancario, y descubriéndole que estaba solicitando la ayuda cómplice del Servicio de Detección de blanqueo del Tesoro Americano (FINCEN) para condicionar un duro texto contra el BPA". También precisa que Martín-Blas se reunió con un agregado económico de la embajada de los EEUU en Madrid.
Es por eso, que en la causa del Operació Catlaunya, los hermanos Cierco, y las entidades Drets e Institut de Drets Humans de Andorra, acusan a responsables policiales y políticos de falsedad documental, al hacer creer al tesoro americano del supuesto blanqueo de capitales de BPA, como también de coacciones a organismos del gobierno de Andorra, al cual presionaron o engañaron de este blanqueo. Los Cierco siempre han denunciado que el gobierno andorrano sabía de las presiones que estaban siendo sometido sin hacer nada. Además, han presentado una demanda contra el Gobierno a quien reclama 141 millones por el cierre del Banco de Madrid, al cual, al final, la fiscalía no l'acusa ninguna irregularidad.