El abogado de Oriol Junqueras, Andreu van den Eynde, ha pedido la puesta en libertad inmediata del presidente de ERC. La petición se hace en respuesta a la sentencia del TJUE y después de que el magistrado Manuel Marchena solicitara la opinión de todas las partes.

"A la vista del evidente desencuentro entre la opinión expresada por el TJUE y la oferta previamente por la Excma. Sala, es ahora el momento de analizar el alcance de la inmunidad que tiene el Sr. Oriol Junqueras desde el día 13 de junio de 2019 y otorgar a esta condición plenos efectos legales", dice el abogado en su escrito donde pone en contradicción la opinión del Supremo, que no dejó en libertad Junqueras para ir a recoger el acta de eurodiputado porque no tenía inmunidad y porque antes tenía que acatar la Constitución, y la del TJUE que deja claro que la condición de electo se alcanzó el 13 de junio con la proclamación oficial de los resultados electorales.

El escrito defiende que el Tribunal Supremo tenía que pedir suspender la inmunidad si quería mantener Junqueras en prisión preventiva y que no lo hizo aunque el presidente de ERC, ya era eurodiputado de pleno derecho: "El Sr. Junqueras adquirió todos los derechos y la inmunidad de la cual disfrutan los parlamentarios europeos y su escaño no puede seguir vacante. Las restricciones adoptadas por esta Excma. Sala deben, por lo tanto, parar".

Remarca que el tribunal "infringió el derecho político y civiles del Sr. Junqueras, así como el derecho de la Unión", y que ante la condena hay que liberarlo con el fin de garantizar sus derechos.

 

 

La sentencia del TJUE no habla de la situación actual. Junqueras está cumpliendo ya la pena y la prisión provisional se ha extinguido. Pero sí que reconoce la inmunidad del presidente de ERC como eurodiputado y su derecho a recoger el acta y a desplazarse al parlamento europeo para desarrollar sus funciones. Un planteamiento ahora mismo incompatible con la situación actual de cumplimiento de pena.

La defensa insiste en que "ninguna interpretación nacional puede impedir el desarrollo de las funciones de los europarlamentarios" y reclama "su inmediata liberación".

Con el posicionamiento de la defensa, y el de la fiscalía horas después de que saliera la sentencia del TJUE negando la inmunidad, ahora solo falta la opinión de la abogacía del estado, que quiere marcar el camino a seguir del Tribunal Supremo y el de la investidura de Pedro Sánchez.