La decisión del Tribunal de Justicia de la UE de admitir a trámite la cuestión prejudicial sobre las euroórdenes de los políticos independentistas exiliados en Bruselas ha provocado de rebote un nuevo paréntesis en la persecución del juez instructor Pablo Llarena.
El Tribunal de Luxemburgo ha comunicado hoy al Supremo su decisión de aceptar la cuestión prejudicial que el instructor le ha planteado, pero también ha comunicado que no se tramitará por procedimiento de urgencia, como había pedido Llarena, sino por la vía ordinaria.
16,5 meses
Según fuentes del TJUE consultadas por ElNacional.cat, la media de tiempo que ha necesitado el TJUE para responder a una cuestión prejudicial el año 2020 ha sido de 16,5 meses.
En el caso de la cuestión prejudicial que se presentó sobre el caso del presidente de ERC, Oriol Junqueras, encarcelado y en pleno juicio en el Supremo, sí se tramitó por vía de urgencia. El artículo 105 del reglamento de procedimiento del TJUE, que regula el procedimiento de urgencia, obliga en este caso al presidente de tribunal a "señalar inmediatamente" la fecha de la vista, y las partes tienen que presentar escrito de alegaciones en un plazo que establece el presidente, que no puede ser inferior a quince días, y se les puede invitar a que limiten sus escritos" a cuestiones esenciales.
La cuestión prejudicial de Junqueras tuvo respuesta en 5 meses. El Supremo la presentó el 5 de julio y el 19 de diciembre se publicaba la decisión del Tribunal. En aquel caso, el TJUE estableció que Junqueras era diputado del Parlamento Europeo desde el momento en que se proclamaron los resultados electorales y disfrutaba de inmunidad. Aquella decisión abrió las puertas de la Eurocámara a los eurodiputados de Junts Puigdemont y Comín y, pocos días después, a Ponsatí.
Cuestión y suplicatorio
El juez instructor anunció la presentación de la cuestión prejudicial después de que el 9 de marzo, a petición del Supremo, el Parlamento Europeo aceptara el suplicatorio para levantar la inmunidad de los tres eurodiputados de Junts.
Antes de tomar una decisión sobre la euroorden, Llarena quería conocer la opinión del TJUE sobre la decisión del Tribunal de Apelaciones de Bruselas de denegar la euroorden contra Lluís Puig por considerar, entre otras cuestiones, que el Tribunal Supremo no era el órgano competente para juzgarlo.
La respuesta a esta cuestión, sin embargo, puede alargarse más de un año. Y también el procedimiento contra Puigdemont.
En la imagen principal, Carles Puidemont en una imagen de archivo en el Parlamento Europeo / ACN