El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado que el juez Llarena vulneró el derecho de los exiliados cuando no permitió a los abogados Gonzalo Boye y Jaume Alonso Cuevillas participar en la investigación del 1-O.

Este jueves el TJUE ha sentenciado que el derecho de los acusados a la asistencia de un letrado "no depende de la comparecencia del interesado". En la misma línea, ha apuntado que la incomparecencia del sospechoso o acusado no forma parte de las razones por las cuales se puede dejar de aplicar el derecho a la asistencia del letrado: "El hecho de que un sospechoso no se haya presentado, a pesar de las citas practicadas para que compareciera ante un juzgado de instrucción, no puede justificar que se le prive de disfrutar de este derecho".

El abogado Jaume Alonso Cuevillas ha recordado en un hilo en su cuenta de Twitter que el 6 de noviembre de 2017 la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo lo expulsaron de la causa como defensor de Puigdemont, Puig y Ponsatí.

El abogado ha lamentado que a pesar de los "numerosos escritos de protesta, la situación no cambió". Eso cambió el día que coincidió en una mesa redonda con un juez de instrucción de Badalona que estaba al corriente del caso. Este juez pensaba como Cuevillas: "Privándonos del derecho de defensa, el Supremo estaba conculcando varias directivas europeas". Este juez de Badalona planteó la cuestión al TJUE de Luxemburgo.

Ahora que el TJUE les ha dado la razón, Cuevillas ha agradecido el planteamiento del juez de Badalona ya que, gracias a él, "el derecho de defensa ha salido reforzado, pues la doctrina fijada por Luxemburgo será ya aplicable para todo el mundo".

Por su parte, el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, ha celebrado la sentencia recordando que "llevan violando nuestros derechos desde el principio" y que "han manipulado la justicia para alcanzar objetivos políticos".