Fecha importante. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fijado el 5 de abril la vista para analizar las cuestiones prejudiciales planteadas por el juez Pablo Llarena sobre los exiliados catalanes. La vista, que empezará a las 9 de la mañana en la Gran Sala, será presidida por el presidente del tribunal, Koen Lenaerts, y contará también con catorce jueces más. En esta causa, hay personados todos los exiliados: los eurodiputados de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, a más del exconseller Lluís Puig (con quién se inicia todo), la cupaire Anna Gabriel y la líder de ERC, Marta Rovira. Sus abogados han confirmado la fecha de esta cita vital.
Además, el abogado general de esta vista será el francés Jean Richard de la Tour. En esta causa se ha personado el estado español, con la nueva abogada, Andrea Gavela, y tres estados más: Bélgica, que se ha manifestado en contra de la posición española; y Rumania y Polonia, que apoyan al juez del Supremo Pablo Llarena. Estos dos países han cuestionado la preeminencia del derecho europeo por encima del nacional. En la sesión, todas las partes tendrán un tiempo limitado de intervención. Después, el abogado general hará un informe, que acostumbra a recoger el parecer de tribunal, y la sala no dará la resolución hasta unos meses después. Los exiliados esperan la respuesta del tribunal europeo hacia el verano.
Causa
La resolución del TJUE se espera desde que el juez Llarena le presentó diferentes cuestiones prejudiciales a raíz de la negativa de Bélgica a la entrega del conseller Lluís Puig. En su pregunta, el juez advertía que la norma no permite a los jueces belgas pronunciarse sobre la competencia del Tribunal Supremo para juzgar Puig y advertía que la negativa a ejecutar una euroorden tiene que ser excepcional.
Recientemente, el Tribunal de Justicia de la UE hacía pública una resolución clave, en respuesta a una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal de Primera Instancia de Amsterdam que había de decidir sobre la entrega a Polonia de dos ciudadanos de aquel país que fueron condenados apenas privativas de libertad. Las euroórdenes tienen que tener en cuenta la situación de la persona afectada, la naturaleza del delito por el cual se le persigue y la independencia e imparcialidad del tribunal que tiene que seguir la causa. Decía el tribunal europeo, hecho que también se tendrá que aplicar a la causa catalana. Los penalistas Gonzalo Boye, en nombre de los representantes de Junts, y Andreu van den Eynde, de la republicana Marta Rovira, intervendrán en el proceso. La respuesta del tribunal a los exiliados catalanes resolverá si definitivamente pueden circular libremente por Europa, como hacen ahora, con algún sobresalto. Volver al Estado español sin ser detenidos es más complejo, ya que se mantiene la causa abierta contra ellos, según los juristas.