"¡Que no se repita la historia porque igual acaban como Companys!", exclamó el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, una semana después del 1-O. De hecho, el fantasma del 6 de octubre del 34 y –especialmente– la archiconocida imagen del president Companys y sus consellers detrás de las rejas ha sobrevolado el proceso soberanista desde sus inicios. De alguna manera, a base de repetir que todo podía acabar como la fallida proclamación de "el Estado Catalán de la República Federal Española" por parte del sucesor de Francesc Macià, parecía como si se tuviera que repetir inexorablemente.
El jueves la jueza Carmen Lamela envió a prisión al vicepresident Oriol Junqueras y los consellers Jordi Turull, Raül Romeva, Carles Mundó, Josep Rull, Meritxell Borràs, Joaquim Forn y Dolors Bassa. A Santi Vila le fue impuesta prisión bajo fianza de 50.000 euros, y después de una noche en Estremera –donde están el resto de los consellers, excepto las conselleres, que están en la prisión de mujeres de Alcalá Meco– ha salido en libertad condicional.
Como decíamos, la imagen del Govern de Catalunya detrás de los barrotes de la prisión el año 1934 se ha repetido este 2017. No sabemos cuál será el destino de los nuevos encarcelados, lejos de sus familias, de sus amigos y de su país, pero podemos recordar qué pasó con aquellos siete dirigentes catalanistas –entonces, todo hombres– que fueron encerrados, juzgados, condenados y finalmente amnistiados en el bienio 1934-1936.
El 7 de octubre
Después de que el jefe de la IV Región Militar Domènec Batet se mantuviera fiel al gobierno republicano y no diera apoyo a la confusa proclamación republicana, declarando el estado de guerra y sofocando los combates de los sublevados que habían seguido al president Companys, este último telefoneó al general para rendirse. En un contexto de derechización del país, con una Europa cada vez más marcada por el totalitarismo, donde el anticatalanismo había mostrado la patita en la anulación de la Ley de Contratos de Cultivo, y donde las izquierdas españolas y catalanas hacían suya la apuesta insurreccional y revolucionaria, Companys había tratado de repetir el gesto de audacia del 14 de abril, para refundar la República desde Barcelona, en un sentido federal. Había dado un tono marcadamente nacionalista, para conseguir el apoyo de los separatistas de Estat Català, pero no había conseguido que se produjera el alzamiento pacífico y popular de 1931, con el apoyo de las masas obreras. Companys y su Govern fueron detenidos en el Palau de la Generalitat por el comandante Fernández Unzué. Todos, excepto Josep Dencàs, titular de Governació y uno de los cerebros del 6 de Octubre, que se escapó por las alcantarillas con Arturo Menéndez, exmilitar español, exdirector general de seguridad con Azaña procesado por los Hechos de Casasviejas y asesor del Gobierno.
Companys, junto con Joan Lluhí i Vallescà, Pere Mestres, Ventura Gassol, Martí Barrera, de ERC, Joan Comorera, de la Unió Socialista de Catalunya, y Martí Esteve, de Acció Catalana Republicana, fueron conducidos a Capitanía a pie. En la plaza de Sant Jaume, Companys y el alcalde de Barcelona, Carles Pi i Sunyer, que también se había rendido junto con los concejales de ERC y Acció Catalana del gobierno municipal, se fundieron en un abrazo. El "paseo" hasta Capitanía fue tétrico y marcado por el miedo. El miedo a ser linchados o agredidos por militares de ultraderecha, o a que se les aplicara la célebremente terrible "Ley de fugas", que tantos estragos había provocado en Barcelona. El conseller Lluhí fue abofeteado por negarse a gritar "Viva España".
El general Batet –que sería fusilado por Franco al negarse a sumarse al Alzamiento, y a quien se reprocharía que no hubiera asaltado la Generalitat a sangre y fuego y hubiera protegido a los "rebeldes"– los recibió y exclamó algo así como: "¡Cojones, Companys, qué noche me habéis dado!". A continuación, intentó pronunciar un discurso sobre la defensa de las ideas por vías democráticas, que fue cortado por Companys: "Sermones, no! Haced lo que tengáis que hacer". Seguidamente, el Govern fue traslado al barco prisión Uruguay. El resto de detenidos –miembros de los partidos y sindicatos de izquierda, mossos d'esquadra y guardias de asalto– fueron encerrados en otros barcos habilitados como presidios: Ciudad de Cádiz, Manuel Arnús, Andalucía y Cabo Cullera, en los puertos de Barcelona y Tarragona. Empezaba una nueva etapa en Catalunya, bajo el estado de guerra y con la suspensión del Estatuto de Autonomía, de la que ya hablamos en un artículo reciente.
Un juicio mediático
En noviembre de 1934 se había celebrado la vista del incidente de competencia del Tribunal de Garantías Constitucionales –una de las principales innovaciones jurisdiccionales de la Constitución republicana y precedente del actual Tribunal Constitucional- para juzgar al Govern. Fue la primera vez que se reunió el dream-team de la abogacía que representaba al president y a los consellers: el jurista Luis Jiménez de Asúa, diputado socialista y autor en buena medida del texto constitucional; Ángel Ossorio y Gallardo, exgobernador civil de Barcelona en el tiempo de la Semana Trágica, que de "monárquico sin rey" había transitado hacia el republicanismo y sería el abogado de Companys; el diputado azañista y futuro ministro de Estado Augusto Barcia, y Amadeu Hurtado, exdiputado y exconseller de la Generalitat de Macià, que había representado a la Generalitat en el pleito de la Ley de Contratos de Cultivos.
Finalmente, el juicio empezó en Madrid –donde habían sido trasladados los reos– el 27 de mayo de 1935. El proceso fue seguido con avidez por la prensa, que ocupó todos los puestos destinados a los periodistas y fotógrafos. El público también hizo cola para poder presenciar aquel juicio único. Irene Polo, reportera enviada especial de L'Instant, le dedicó varias crónicas. Esto explicaba sobre la primera sesión del juicio:
“La vista ha de començar a les onze, però fins a un quart de dotze no s’obren les portes de la sala i entra el Tribunal, els lletrats i els periodistes.
Després entren els acusats davant de dos guàrdies civils. Van tots afaitats i amb els cabells tallats, i mudats. Sobretot el senyor Lluís Companys, des del dia P (sic) d’octubre no se l’havia tornat a veure amb la seva americana clara creuada i aquell mocador de seda que vessa de la butxaca del pit. Hi ha banquets morats. Els set acusats ocupen els dos de davant. Companys a la capçalera, com en el banc del Govern. Després Lluhí, Martí Esteve, Gassol; a l’altre banc, Barrera, Comorera i Mestres. I darrera, al darrer, els dos guardis civils amb els màusers drets.
A dos quarts de dotze el president del Tribunal, senyor Fernando Gasset, que de tant vellet no s’aguanta, toca la campaneta i crida: Audiencia pública.”
Otra periodista, Josefina Carabías, escribía su crónica en Mundo Gráfico y sacaba el jugo más frívolo:
“Los comentarios duran mucho rato, todo el rato que tarda el secretario del Tribunal de Garantías en leer una cosa que se llama el apuntamiento y que es un latazo muy grande que hay que aguantar siempre que se asiste a un juicio oral. El silencio se hace, por fin, cuando se levanta a hablar el primero de los procesados. Es el señor Lluhí, consejero que fue de Justicia de la Generalidad. Alto, erguido, serio, contestando con seguridad a las preguntas del presidente.
- ¿Cómo se llama usted? -Juan Lluhí Vallescá. - ¿Su edad? -Treinta y siete años.
Al oír la respuesta, algunas señoritas espectadoras se empinan todo lo que pueden porque no ven bien al procesado desde sus asientos.
- No está mal eso de treinta y siete años -dicen-, y, además, tiene buen tipo.
Continúa el presidente: - ¿Su estado? -Casado -contesta inmediatamente el señor Lluhí, y huelga decir que las señoritas que estaban en la sala con el oído alerta y el ojo avizor han hecho un mohín muy significativo. Pierden, por fin, todo su interés por este procesado, que es el más elegante de todos cuando contesta a otra pregunta: - ¿Tiene usted hijos? -Tres hijos. Ahora las señoritas espectadoras ya casi se enfadan. Tres hijos a los treinta y siete años. ¡No hay derecho!”
Al final de la vista oral, el presidente del Tribunal ofreció la palabra a los procesados por si querían añadir algo. Companys hizo un auténtico y emocionante alegato personal político:
“Deseo pronunciar palabras muy breves en nombre propio y otras en las que, además, estoy seguro que acertaré a interpretar el pensamiento de mis consejeros. En nombre propio insisto en destacar mi mayor responsabilidad por los motivos que ya ha expuesto mi defensor siguiendo mis instrucciones. Mis compañeros, por el afecto que me tienen, por la serenidad e su ánimo y por estímulos de elegancia espiritual, sienten satisfacción y tienen a honor el compartir a igual su responsabilidad con la mía. Pero a mí me produce una impresión que me hace exclamar: esto, señores del Tribunal, no sería justo. Si hay un responsable, soy yo; o cuanto menos, tengo que absorber la mayor parte de la responsabilidad.
Dicho esto, ahora, en nombre de todos, debo añadir lo siguiente: afirmo por nuestro honor, porque es la verdad, ante el Tribunal, ante el país y ante la Historia, que el móvil de nuestras determinaciones no fue otro que la defensa de la República democrática y parlamentaria y de las libertades que la Constitución del Estado tienen reconocidas a Cataluña, y que ésta había aceptado como transacción, y con el afán de encauzar y resolver el ámbito glorioso de la nueva legalidad republicana, las aspiraciones patrióticas e inabatibles de nuestra tierra que había sido constantemente perseguidas y escarnecidas y, por consecuencia peligrosamente excitadas en el régimen de antes.
Afirmo por nuestro honor que en la reunión que el gobierno de la Generalidad celebró el 6 de Octubre, en la que se adoptó por unanimidad el acuerdo que yo leí después, las motivaciones, el análisis de los antecedentes, los argumentos, el examen de las circunstancias políticas que se habían planteado versaron sobre si era o no era juicioso suponer que corría peligro inminente y grave las libertades de Cataluña y el contenido de la República ganada el 14 de abril.
En nuestra vida política está reciente el recuerdo de la Mancomunidad, primer balbuceo autonómico, que después de un hecho de fuerza nos fue arrebatada sin protesta, mansamente; y por haber ocurrido así no tan sólo se perdió la forma, la institución, sino que de debilitaron la fe y el aliento patriótico para su recobramiento”.
El Tribunal condenó al president Companys y a los miembros de su gobierno a treinta años de reclusión mayor por un delito de rebelión. Lo mismo, curiosamente, por lo que están acusados el president Puigdemont y sus consellers. A pesar de haber pedido cumplir la condena juntos y no mezclados con presos comunes, como presos políticos que eran, finalmente serían separados y enviados a diferentes penales: Companys, Comorera y Lluhí a El Puerto de Santa María, en Cádiz, y Esteve, Gassol, Mestres y Barrera, a Cartagena.
Unos presos muy poco comunes y un recibimiento triunfal
En la prisión, Companys recibía visitas y leía y escribía con avidez. Respondiendo a la correspondencia que recibía y leyendo diarios y revistas de Barcelona y Madrid. Uno de los que más lo visitó fue su abogado, Ángel Ossorio, que se convertiría en un amigo y apologeta del president después de su ejecución, el año 1940. Ossorio ha dejado escrito: "Rapado y con el uniforme del penal, se había ganado la simpatía no solamente de la gente del presidio, sino de toda la ciudad que por todos los medios le expresaban su afecto. Y mira que es difícil, que un andaluz sienta afecto por un catalanista". En la prisión, también recibió la visita de varios periodistas, que lo entrevistaron y que hicieron crónicas sobre su estancia en el presidio.
El afecto popular y la calidad de símbolo que ostentaba Companys se pusieron de manifiesto nuevamente en su retorno triunfal hacia Catalunya, después de las elecciones del 16 de febrero de 1936, que dieron una amplia victoria al Frente de Izquierdas, la versión catalana del Frente Popular estatal, y que llevaba en el programa la amnistía de los presos, los cuales formaban parte, con Companys en primer lugar, de la lista. El 22 de febrero, Manuel Azaña decretó la amnistía de todos los presos. El 21 de febrero, Compañeros y sus consellers salieron del penal y se dirigieron a Madrid, desde donde volvieron a Catalunya. Durante todo el viaje fueron aclamados como héroes por las masas populares republicanas españolas. El 1 de marzo, llegaron a Catalunya, donde se les tributó un recibimiento triunfal. Un recibimiento que culminó en la misma plaza de Sant Jaume donde se había consumado la triste derrota de octubre, y donde un fatigado y emocionado Companys pronunció una frase para la historia "Volveremos a sufrir, volveremos a luchar y volveremos a ganar!".