La reunión de Puigdemont con los diputados de Junts per Catalunya en Bruselas duró dos horas por la mañana y otro rato por la tarde tras el encuentro del president con los diputados de la CUP. Los parlamentarios continuaron reflexionando en voz alta hasta las 7, pero antes se hicieron una foto con el president en la que salían todos muy risueños. De los 30 participantes, contando los consejeros fulminados, hicieron uso de la palabra una veintena. La conclusión general fue que habrá investidura y que todo se hará "sin que nadie se haga daño". De cómo será exactamente la investidura del president en el exilio no se habló para no dar pistas al enemigo y porque la negociación con ERC va "más o menos" por buen camino, pero los diputados fueron informados de que el núcleo duro estaba trabajando una fórmula de investidura inimpugnable. Después se repartieron tareas de tipo sectorial y territorial.

Los diputados salieron más optimistas que como entraron tras comprobar que a pesar de los mensajes telefónicos con Antoni Comín, "el presi estaba muy motivado, superlúcido y convincente", según uno de los asistentes, lo que alimentó la teoría según la cual el scoop de Ana Rosa Quintana tuvo un muy honorable guionista. Ayer en Lovaina a Puigdemont y Comín se les veía tan amigos.

También contribuyó a elevar la moral de la tropa puigdemontista el hecho de que el interés de la prensa internacional por los movimientos del president catalán no decae y que el servicio secreto español continúa persiguiendo a Puigdemont como James Mason a Cary Grant en North by Northwest (es decir en Con la muerte en los talones). Los Anacletos del CNI seguían la reunión desde una furgoneta aparcada frente al hotel Husa President Park.

Todo parecía muy bien encarrilado hasta que ayer, sólo 24 horas después, el juez Llarena comunicó un auto donde argumentaba que había que mantener encarcelado a Jordi Sànchez por su ideario independentista y su condición de diputado de JxCat. Como es sabido, Sànchez es el candidato mejor colocado para ser investido como jefe del Govern a las órdenes del president. Según Llarena, Sánchez "mantiene su ideario soberanista, lo que resulta constitucionalmente válido, pero imposibilita el convencimiento de imposible reiteración delictiva...", entre otras razones, porque "no sólo no ha renunciado a la actividad política que -desde diversos frentes- ha servido de instrumento para la ejecución de los hechos sino que ha revalidado su compromiso con una candidatura el líder de la que proclama el objetivo de restablecer la dinámica política que condujo a las actuaciones de las que nacen las responsabilidades que este proceso contempla y que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución”.

La conclusión más clara es que ninguno de los presos saldrá de la cárcel antes de ser juzgado y que el juez Llarena está bien dispuesto a encarcelar a todos los diputados independentistas por el hecho de cumplir las dos condiciones. Simultáneamente, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, redobló ayer las amenazas al presidente del Parlament, Roger Torrent, ante la posibilidad de una investidura simbólica.

Los abogados del Estado y la fiscalía siguen trabajando para tumbar preventivamente cualquier iniciativa e impedir ninguna reforma legislativa o reglamentaria antes de la investidura. El acuerdo del Consejo de Ministros para aplicar el artículo 155 dejaba muy claro que las limitaciones a la acción legislativa del Parlament caducaban en el momento que se constituyera la nueva cámara surgida de las urnas, pero como la especialidad del Gobierno de Rajoy es interpretar la ley como le conviene con el apoyo incondicional de los tribunales, de la Brunete mediática y del PSOE, diputados del PP ya han avanzado el punto de vista que se utilizará según el cual el Parlament aún está intervenido por el artículo 155 y debe pedir autorización a Madrid para cualquier iniciativa que tome.

Así que cerradas en España todas las vías posibles de enderezar la situación -ayer el Congreso tumbó la última propuesta de diálogo presentada por ERC e incluso el PP anunció una iniciativa para prohibir el indulto de los presos políticos catalanes-, la esperanza del movimiento soberanista está depositada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros organismos internacionales. Y paradójicamente, por eso le resulta tan imprescindible que Carles Puigdemont siga en Bruselas. El hecho de que España no pueda sostener la orden de detención internacional contra el president catalán es porque las acusaciones no se sostienen en un estado europeo de derecho. Y si no se aguantan contra Puigdemont, no se aguantan contra nadie y hace más evidente la injusticia de los encarcelamientos. A Oriol Junqueras, a Joaquim Forn y los Jordis sólo los podrá liberar un organismo internacional, de ahí el empeño del president de mantener la internacionalización del conflicto.