El Consejo de Europa ha dado un toque de atención al Estado español por la situación del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que está encarcelado desde el 16 de octubre del 2017 a la vez que el Tribunal Supremo lo condenó en octubre del 2019 a nueve años de prisión por sedición. La relatora general de defensores de Derechos Humanos de este organismo, Alexandra Louis, ha valorado que Cuixart sigue sufriendo "represalias e intimidación", así como ha puesto resaltado que su situación no ha mejorado.
Además, ha puesto de manifiesto que Cuixart es un activista político, por lo que no representa a ningún partido. Por eso, ha considerado que no tendría que haber sido juzgado en el TS que tiene "jurisdicción para juzgar los cargos electos y no activistas de la sociedad civil como él" a la vez que ha indicado que la defensa del presidente de Òmnium expuso que el juicio tuvo un carácter político.
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El único activista encarcelado de Europa
"He examinado la situación del señor Jordi Cuixart, presidente de la asociación Òmnium Cultural," explica Louis en su informe con fecha del 24 de març. La gala ha destacado que la situación de este activista es similar a la de otros países con dudosa calidad democrática como Rusia, Turquía o Azerbaiyán. Además, en el caso específico del catalán, destaca que es el único defensor de los Derechos Humanos de Europa que está encarcelado.
"Seguiré prestando mucha atención a la tarea de los órganos e instituciones del Consejo de Europa (...) También supervisaré la tarea de otras organizaciones internacionales en relación con este tema y alertaré al comité y la Asamblea de nuevos casos de violación de los derechos de los defensores de los derechos humanos y de todas las nuevas iniciativas destinadas a protegerlos", señala Louis, que pertenece al partido francés La República en Marcha, que en la Unión Europea está dentro del grupo político Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, en el cual también se encuentra Ciudadanos, que en reiteradas ocasiones ha defendido el encarcelamiento de los presos políticos y de Cuixart.
El pasado mes de octubre, Louis ya exigió que se revisara las condiciones de prisión de este activista político. "Las condiciones de prisión de Cuixart son particularmente drásticas" aseguró en aquella ocasión.
También, se ha mostrado preocupada por el hecho de que se le haya suspendido el tercer grado y, por lo tanto, siga encarcelado. En este sentido, ha vuelto a hacer un llamamiento a las autoridades españolas para que se revise su encarcelamiento y las condiciones que le privan de disfrutar del tercer grado con el fin de "darle libertad provisional tan pronto como sea posible".
Este estudio, no ha empezado de la noche a la mañana, sino que lleva dos años en marcha y se inició en junio del 2019 cuando el cargo lo ocupaba Raphal Compte. Entonces, presentó un informe sobre los riesgos que sufren los defensores de derechos humanos en Europa y puso como ejemplo a Cuixart.
"En el informe, también denuncia que, tres años después de su encarcelamiento, sigue sufriendo represión. Una vez más, este hecho demuestra la baja calidad democrática del Estado español", ha indicado Òmnium en su cuenta de Twitter dónde ha denunciado la situación que vive su presidente.
Más toques de atención en España
Este no es el único toque de atención que ha recibido España por parte del Consejo de Europa esta semana. El pasado 22 de marzo, este organismo publicó una carta que envió la relatora de Derechos Humanos, Dunja Mijatović, al ministro de Justicia español, Juan Carlos Campo, donde le mostraba su preocupación por la falta de libertad de expresión que podrían comportar delitos como las injurias a la Corona.
"Os escribo en relación con varias disposiciones de la legislación penal española que tienen un efecto negativo impacto, incluido un efecto escalofriante, en el ejercicio de la libertad de expresión, un derecho de importancia crucial para un debate público libre y plural," empieza la carta de Mijatović, fechada el 11 de marzo.
Por su parte, Campo le respondió que en España este derecho se respeta totalmente, pero que tiene unos límites como en otros países. "Como ya sabéis, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional español mismo han establecido, en abundante jurisprudencia, que el derecho a la libertad de expresión tiene límites. Establecer y definir estos límites es una responsabilidad dinámica ante los gobiernos tiene que prestar mucha atención", observa Campo en la misiva, publicada en el web de este organismo.
Imagen principal: Una fotografía de Cuixart en una imagen de archivo / EFE