El presidente del Govern, Quim Torra, ha enviado una carta este viernes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para exigirle la liberación e indemnización de los presos políticos. La demanda llega después de que este miércoles el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU solicitara su libertad y una indemnización por el año y medio de prisión preventiva. Así lo ha anunciado al portavoz del Govern, Meritxell Budó, después de una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo para analizar las conclusiones del informe de la ONU y tomar las medidas pertinentes.
En la carta Torra pide a Sánchez que inste a la Fiscalía General del Estado y también a la Abogacía del Estado a promover ante el Tribunal supremo la libertad de los presos. También le informa de que él, por su parte, también lo pedirá a través de la Fiscalía Superior de Catalunya, y le exige que abra una investigación para depurar responsabilidades ante lo que considera una "vulneración flagrante de los derechos humanos".
Finalmente ha recordado que el Gobierno está obligado a cumplir la resolución y ha avisado de que de no hacerlo la Generalitat se compromete a denunciarlo "por todas partes". Sin concretar qué acciones se podrían emprender desde Catalunya, Budó ha asegurado que lo seguirán denunciado a través de organismos internacionales y también de las delegaciones de la Generalitat en los países europeos.
El Govern ve "surrealista" la petición de inhabilitación de los expertos de la ONU
El anuncio del acuerdo de Govern ha coincidido con la noticia que España ha pedido la inhabilitación de los expertos que redactaron el informe de la ONU. En una primera reacción rápida, Budó ha tachado de "surrealista" que el Govern, "en lugar de afrontar la realidad de lo que dice el dictamen, salga cuestionando este organismo", y ha insistido en que Sánchez tiene la obligación en dar respuesta a este grupo de trabajo. "Pedimos que afronte la realidad y deje de cuestionar sus miembros", ha insistido en este sentido.
Budó ha contestado así al hecho de que el embajador de España ante la ONU en Ginebra, Cristóbal González-Aller, haya anunciado este viernes que pedirá formalmente a las Naciones Unidas que inhabilite dos de los cinco miembros del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias al considerar que "hay un conflicto de intereses" entre estos expertos y el abogado británico Ben Emmerson, defensor de los tres políticos catalanes. Según el embajador español, Emmerson había trabajado con estos dos expertos en al menos dos causas en órganos similares de derechos humanos de la ONU.