El president Quim Torra y el exvicepresidente primero del Parlament de Catalunya, Josep Costa, denuncian el obstruccionismo del gobierno de Pedro Sánchez y de la justicia española en las causas sobre el espionaje con Pegasus. Para ello han enviado cartas a diferentes instituciones europeas y catalanas, en las cuales lamentan la "falta de voluntad de la justicia española y del Gobierno a la hora de investigar y contribuir a la aclaración" del caso de espionaje político, además de 60 independentistas.
Entre los destinatarios de las cartas está la presidenta de la Comisión de investigación del caso Pegasus en el Parlamento Europeo, Sophia in 'T Veld, la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric, la presidenta suspendida del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, y el presidente de la comisión de investigación del caso Pegasus en el Parlament de Catalunya, Josep Maria Jové. En los escritos denuncian "el obstruccionismo" y la "falta de voluntad de la justicia española y del Gobierno a la hora de investigar y contribuir a la aclaración" del caso de espionaje político a más de 60 independentistas a través del programa de ciberespionaje Pegasus.
Falta de voluntad para investigar
Torra y Costa han recordado que la última noticia que han recibido de esta investigación es la desestimación del recurso de reposición presentado por los dos demandantes contra la decisión de la Audiencia española, adoptada a petición del Gobierno, de inadmitir el caso —que había sido trasladado al tribunal desde el Supremo— porque considera que no hay actividad susceptible de ser revisada. La Audiencia decidió retornar la causa al Tribunal Supremo para que valorara si, teniendo en cuenta las nuevas informaciones, podía proseguir con la causa.
Con todo, lamentan la voluntad de no investigar ni reparar "un escándalo de espionaje político" que no se tendría que permitir en un estado de derecho en la Unión Europea. Según alegan, la actuación de los tribunales y las respuestas y omisiones por parte del Gobierno, directamente o a través de la Abogacía del Estado, son "de boicot y de negativa sistemática" ante la voluntad de poner luz a la "vulneración masiva" de derechos sufrida por los demandantes. Así pues, en el escrito denuncian vulneraciones contra "un grupo objetivamente identificable", en referencia a un concepto recogido en la última sentencia del TJUE en relación con las euroórdenes para la entrega del expresidente Carles Puigdemont y otros líderes del procés en el exilio, como es el independentismo catalán. "España no se comporta en relación con Catalunya como un estado de derecho, y por eso pedimos vuestro amparo", afirman en sus cartas.