El president inhabilitado, Quim Torra, ha reaccionado a la desestimación de su recurso de súplica por parte Tribunal Constitucional que confirma su condena a un año y medio de inhabilitación. A través de su cuenta de Twitter, el president ha asegurado que "confiamos en que la justicia europea nos dará la razón. Los independentistas no encontramos nunca justicia en España. Vamos, hacia el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos!".
Además a través de un comunicado, el president Torra ha remarcado que el TC se ha añadido a "la larga lista de omisiones de Derecho que se han producido en todo el proceso represivo" contra él, pero sin embargo ha celebrado que la decisión del Constitucional da "vía libre" a iniciar su defensa en los tribunales europeos.
Confianza plena en la justicia Europea
Es por eso que la defensa de Torra y él mismo confían que la justicia europea les acabará dando la razón ante otro caso de vulneración de derechos que implica la inhabilitación del mismo Torra, que, según indica el comunicado, "se suma a los más de dos mil ochocientos casos de represión política y judicial contra el independentismo catalán".
El comunicado concluye recordando que la defensa de Torra se esperaba que los tribunales españoles no serían justos con su caso y que la decisión del TC confirma que ningún tribunal protege a los catalanes de la persecución que sufren por el solo hecho de ser independentistas.
La sentencia del TC de este jueves tira por el suelo el último intento de Torra para que suspendiera cautelarmente su condena de inhabilitación para desatender la orden de retirar unas pancartas de apoyo a los presos políticos de edificios públicos a la campaña electoral del 28-A.
Ahora bien, la decisión del TC de este jueves no ha estado unánime. Uno de los magistrados, el progresista Juan Antonio Xiol, no ha estado de acuerdo con la mayoría y emitirá un voto particular discrepante. En coherencia con la actitud que ya mantuvo anteriormente, el magistrado considera que se tendría que haber accedido a la petición de Torra porque la pena de inhabilitación no supera los cinco años y porque rechazar la suspensión, como se ha hecho, puede dejar sin efecto la futura sentencia en el supuesto de que el mismo TC le conceda el amparo.